Por: Edgar Burciaga

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá la responsabilidad de vigilar que no haya actos de corrupción o colusión, con lo que se busca cerrar la puerta a la corrupción definitivamente y combatir la impunidad; además, un gobierno íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno fue con el objetivo de cumplir con la elección del pueblo de México de continuar eliminando la corrupción, por lo que se puede tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción.

Raquel Buenrostro Sánchez, quien fue designada como titular de esta dependencia, destacó la separación entre el poder político y el poder económico; la entrega directa de Programas para el Bienestar; la eliminación de la condonación de impuestos y la aplicación de austeridad republicana, lo que llevó a que en el periodo 2019-2023 se redujeran 11.2 por ciento los actos de corrupción, y ocho puntos porcentuales la percepción de este indicador.

Por ello, es de vital importancia mantener los esfuerzos para combatir la corrupción, ya que los delitos de esta índole afectan el Estado de derecho, restan eficiencia y confianza en las instituciones; reducen los ingresos gubernamentales; inhiben las inversiones; generan desigualdades y limitan el acceso a los servicios públicos.

La corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos, por lo que con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno el enfoque pasa de ser correctivo a preventivo y con visión de alcance transversal, lo que significa que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno.

Para ello, se implementarán acciones para combatir a la corrupción, como dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad; acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción; modernizar la Administración Pública Federal (APF) con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital; consolidar compras públicas transparentes a precios justos; impulsar la transparencia proactiva; sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción; enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia.

Además, se fortalecerá la cultura de la denuncia; se realizarán investigaciones que inhiban la corrupción y se combatirá la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla.

Los primeros resultados se darán en cien días, con una reestructura de la APF en coordinación con la Consejería Jurídica y con la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacerla una organización más eficiente; comenzar con el acompañamiento a proyectos como el Tren Maya, así como otros programas estratégicos en el sector Salud y de seguridad alimentaria.

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