POR: EDGAR BURCIAGA

La virtual presidenta Claudia Sheinbaum va por los corruptos en el documento “Diálogos por la Transformación” a los diputados electos de Morena, donde se hace especial énfasis en la investigación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras.

La Agencia Federal Anticorrupción que plantea la virtual presidenta electa se perfila para contar con agentes especializados en la investigación de hechos de corrupción, por lo que se espera que esta agencia esté integrada por personal capacitado exprofeso y tendrá la misión de resolver las responsabilidades administrativas graves de servidores,

Así se plantea la reforma para crear la Agencia Federal Anticorrupción que prometió Sheinbaum Pardo en campaña, por lo que se trata de personal que estará capacitado exprofeso y cuya labor central será investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares vinculados con hechos de corrupción, y llevar esos casos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la fase de resolución.

Sheinbaum hará del combate a la corrupción “una política de Estado” y se detalla que la agencia permitirá resolver el problema estructural de impunidad en casos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos, se destaca de acuerdo al documento denominado Diálogos por la Transformación en el rubro “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, que para su propuesta se consultó a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas, el Consejo Coordinador Empresarial, Ethos y México Evalúa, entre otras.

También será un órgano altamente especializado y dotado de las mayores herramientas y capacidades para investigar y perseguir, por la vía administrativa, actos de corrupción para que sean sancionados, y lo más importante, quedará a cargo de la investigación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras.

La agencia tendrá facultades para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) “con los elementos de prueba necesarios para evitar la impunidad también en el ámbito penal”. Se asegura que con la creación de la Agencia Federal Anticorrupción “se rediseñará el rol de la SFP en la consolidación de un buen gobierno”.

La agencia federal contará, asimismo, con capacidad para elaborar políticas de prevención de la corrupción, realizar acciones de profesionalización y políticas de recursos humanos en la administración pública, diseñar políticas de contrataciones públicas, nombrar y remover a titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y hacer labores de evaluación de la gestión gubernamental, así como desarrollar programas de mejora de la administración pública.

El modelo anticorrupción de Sheinbaum Pardo también incluirá cambios legales para promover la responsabilidad penal de empresas, modificar la facultad de atracción y criterios de priorización para casos penales de corrupción, crear una política nacional de investigación y persecución penal, establecer el reconocimiento a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales, crear un sistema de inteligencia anticorrupción, impulsar un programa de protección y beneficios a denunciantes, testigos o imputados, así como fortalecer a un mejor sistema de fiscalización.

Esto estará acompañado de una reforma profunda de las corporaciones policiacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local; de la creación de una ley general que regule los principios y normas básicas de contratación para todas las instituciones públicas y de una iniciativa para tipificar como delito la simulación de contrataciones públicas por particulares y empresas como acto de corrupción grave, que hoy resultan impunes a pesar de que es la principal manera de desviar recursos públicos en nuestro país.

Con la creación de esta agencia, no se genera inversión presupuestal, ya que hay costos compensados con una parte de la estructura actual de la Secretaría de la Función Pública.

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