Por: Edgar Burciaga

A pesar del paro de ministros y trabajadores del Poder Judicial, la reforma judicial será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto, lo que marcará un parteaguas en la aplicación de la justicia en nuestro país.

Casi el 60 por ciento de quienes se manifiestan tiene una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el paro de trabajadores en el Poder Judicial, donde aseguró que los manifestantes están en su derecho de protestar y reiteró que la reforma no afectará a los empleados, sino que los beneficiará. El Gobierno no está en contra de los trabajadores de México, sino que “estamos en contra de la corrupción y de los privilegios y hay corrupción en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben”.

Los jueces y magistrados federales de México votaron a favor de suspender sus actividades laborales a partir del primer minuto de este miércoles 21 de agosto de 2024 en una respuesta directa a la inminente aprobación de reformas al Poder Judicial en el Congreso de la Unión.

La votación, organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), incluyó la participación de mil 403 jueces y magistrados de todo el país, de los cuales mil 202 emitieron su voto a favor de la suspensión de actividades, mientras que 201 se manifestaron en contra.

Ante estas condiciones, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, recomendó a sus agremiados no participar en el paro de labores contra la reforma judicial, debido a que si no hay de por medio un suspensión de labores que proceda de la parte patronal, es decir, de titulares o del Consejo de la Judicatura, los trabajadores sindicalizados no deben parar actividades porque ello dificultará una eventual defensa en caso de ser sancionados por las autoridades.

Asimismo, si los trabajadores no están de acuerdo con la suspensión o no desean participar, pero la parte patronal lo decreta y se les obliga a participar en guardias bajo amenazas, deben hacerlo del conocimiento del sindicato para que se puede proceder a su defensa, con la promesa de que se guardará la debida secrecía.

Se espera que en los próximos días se explique de nuevo en qué consiste la reforma para que no haya confusiones al respecto de lo que se quiere modificar en el Poder Judicial.

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