Por: Edgar Burciaga

En las últimas décadas, ha surgido el proceso de descomposición de la clase política, si bien la hegemonía neoliberal y el auge globalizador produjeron diversos cambios en la administración pública, la corrupción se hizo más visible, los partidos se “desideologizaron” en un contexto de fractura social, y la natural separación entre representantes y representados se ensanchó como nunca se había visto.

Las consecuencias de ello son el giro a la izquierda registrado en algunos países, y el malestar y los estallidos sociales que se viven en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, con un nuevo significado de la política, donde el Estado busca ganar la obediencia de la población por su capacidad benefactora o protectora.

Antes, la corrupción era considerada como un factor de menor relevancia, en tanto quienes obedecían reconocían el derecho de las autoridades a mandar no porque existieran leyes y reglas claras sobre cómo debían ser elegidas o porque se dibujara con nitidez el marco legal que definía su gestión, sino por una ecuación que amalgamaba grados diversos de seguridad laboral y social, además de cierto sentido de pertenencia a una comunidad.

En los últimos años, los discursos sobre la austeridad, la responsabilidad en el gasto público y la necesidad de acabar con el populismo y el paternalismo buscaron justificar la reducción de a las políticas que otorgaban algún nivel de seguridad laboral y social, con el resultado de un incremento del empleo precario, la reducción de los salarios y el desempleo, así como un aumento de la pobreza.

A esto hay que sumar la ausencia de mecanismos reales de control cotidiano de la ciudadanía frente a sus representantes, ya que éstos operan con creciente autonomía, y que sus intereses ganen posiciones y terminen siendo privilegiados.

Se vuelve común ganar mayores espacios en los medios y las redes, cubrir las ciudades con propaganda o entregar despensas y otros bienes a la creciente masa de pobres, por lo que la constitución de fondos de campaña favorece que los institutos políticos y los candidatos adquieran compromisos con los poderosos sectores económicos que aportan el dinero, lo que establece sesgos y obligaciones en su futura gestión.

En años pasados, la política neoliberal propició una profunda ruptura de los tejidos sociales, con el crecimiento del desempleo, el empleo precario, el subempleo, la pobreza y la miseria, la pérdida de beneficios sociales, el debilitamiento de los sindicatos y el desarraigo migratorio, por lo que la opción por nuevas alternativas pone de manifiesto el reclamo por formas novedosas de gestión gubernamental, transparencia, probidad y un mayor compromiso entre los actos de gobierno y las promesas electorales, y expone la necesidad de poner fin a la autonomía, la falta de representatividad y la corrupción de los partidos políticos y de la clase política.

Se requiere que los candidatos estén al lado de la ciudadanía, la descomposición de la clase política marcada por la corrupción y la volatilidad ideológica, respondió a un momento de la historia, ahora se requiere de atender las necesidades para avanzar juntos en nuestro desarrollo.

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