Por: Felipe Correa

Lejos de ser un problema homogéneo o un simple riesgo colateral de la tecnología, la violencia digital en México tiene epicentros claros. Los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) publicados por el INEGI revelan una realidad alarmante para el norte y occidente del país: Durango se posiciona en el primer lugar nacional de prevalencia, con un 24.5 % de su población de 12 años y más usuaria de internet habiendo sido víctima de ciberacoso. A esta lista le siguen de cerca Jalisco (24.4 %), la Ciudad de México (23.8 %) y Oaxaca (23.8 %). Que casi uno de cada cuatro duranguenses conectados experimente estas agresiones obliga a dejar de ver al entorno digital como un espacio virtual ajeno a nuestras realidades locales; el internet es, en realidad, un amplificador de las dinámicas de violencia y desconvivencia que ya fracturan el tejido social en las regiones más afectadas.

El entorno digital suele analizarse como un espacio paralelo, una realidad virtual ajena a las estructuras del mundo físico. Sin embargo, los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) correspondientes a los datos oficiales de la población usuaria revelan una verdad incómoda: el internet no es un vacío aséptico, sino un amplificador de las dinámicas de violencia, desconfianza y asimetría de género que ya fracturan a nuestra sociedad.

Que 19.4 millones de personas de 12 años y más —equivalentes al 20.4 % de la población conectada— hayan sido víctimas de ciberacoso no es una falla estadística del sistema tecnológico; es un indicador del comportamiento colectivo.

Cuando desglosamos las cifras, el problema adquiere un cariz estructural. El ciberacoso afecta de manera diferenciada: mientras que el 19.2 % de los hombres reportó haber sufrido estas agresiones, la cifra se eleva al 21.5 % en las mujeres. El dato más contundente sobre el origen de esta violencia radica en la identidad del agresor. En los casos donde se pudo identificar el sexo de quien cometió la conducta, los hombres fueron señalados como los principales responsables: el 57.2 % de las mujeres víctimas y el 61.1 % de los hombres víctimas manifestaron haber sido agredidos exclusivamente por varones. Esta constante evidencia que las conductas de hostigamiento y dominación que históricamente se han criticado en el espacio público y privado se han trasladado, con total fluidez, al ecosistema digital.

El acoso desmitifica la idea de que este proviene de círculos cercanos o conflictos estrictamente personales. La forma de contacto más frecuente en ambos sexos fue a través de identidades falsas (37.2 %), seguida de mensajes (32.7 %) y llamadas ofensivas (24.1 %). Asimismo, el 61.1 % de los afectados desconocía por completo a su agresor.

El anonimato que permiten las plataformas digitales no crea la violencia; simplemente reduce el costo social y legal de ejercerla, otorgando impunidad a conductas que en el cara a cara serían severamente sancionadas.

Esta vulnerabilidad altera los hábitos de convivencia ciudadana dentro de la red. Aunque el 64.9 % de los usuarios de internet adopta medidas de seguridad técnicas —como contraseñas adicionales (88.9 %) o datos biométricos (48.2 %)—, estas herramientas resultan insuficientes ante el acoso conductual. Las plataformas más utilizadas para el hostigamiento son cotidianas e indispensables para la vida laboral y social: WhatsApp lidera con el 41.5 %, seguida por llamadas celulares (36.5 %) y Facebook (29.7 %). No hablamos de rincones oscuros de la web, sino de las avenidas principales de la comunicación moderna.

Existe un sesgo interpretativo que a menudo intenta responsabilizar a la víctima bajo la premisa de la sobreexposición. Los datos del INEGI desmienten este enfoque punitivo: quienes vivieron ciberacoso pasaron conectados un promedio de 5.6 horas al día, apenas una hora más que el promedio nacional de la población usuaria (4.6 horas). Señalar el tiempo de conexión como la causa del problema es tan erróneo como sugerir que transitar por la calle justifica un asalto.

Los efectos psicológicos reportados impactan directamente el tejido social y la salud pública:

• 57.0 % experimentó enojo (alcanzando el 59.9 % en mujeres).

• 35.8 % desarrolló desconfianza generalizada.

• 29.4 % manifestó estrés.

La respuesta institucional ante esta crisis también refleja un profundo escepticismo en los canales del Estado. Ante una situación de acoso, la acción mayoritaria es el repliegue individual: el 66.5 % opta por bloquear personas o cuentas, y el 18.9 % simplemente ignora la agresión. Solo un marginal 11.7 % decide denunciar ante el Ministerio Público, la Fiscalía estatal o el proveedor del servicio. Este bajísimo porcentaje de denuncia formal es el síntoma de una sociedad que percibe el aparato de justicia como ineficaz o indiferente ante la violencia digital.

El ciberacoso en México no puede seguir atendiéndose únicamente con recomendaciones de ciberseguridad individual o consejos de mediación digital. Los datos demuestran que la pantalla es solo el medio; el origen del problema sigue estando en una cultura que normaliza la agresión, instrumentaliza el anonimato y carece de mecanismos punitivos y formativos eficaces para detener la violencia antes de que dé el salto a la interfaz digital.