Por: Felipe Correa

En México estamos acostumbrados a que las instituciones encuentren razones para aplazar los cambios. A veces son cuestiones legales, otras administrativas y, en no pocas ocasiones, simples cálculos políticos disfrazados de prudencia. Lo preocupante es cuando esa lógica también alcanza a organizaciones cuya razón de ser debería ser precisamente la representación democrática de sus agremiados.

El reciente aplazamiento indefinido de las elecciones en diversas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) es un ejemplo que merece una reflexión más profunda. Oficialmente, la decisión responde a inconsistencias en los padrones de votantes, la falta de certeza jurídica y la necesidad de garantizar que ningún trabajador quede excluido de un eventual proceso electoral. Sobre el papel, los argumentos parecen razonables. Después de todo, nadie podría oponerse a elecciones transparentes y con reglas claras.

Sin embargo, la pregunta inevitable es otra: ¿cómo llegó una organización que representa a más de 380 mil trabajadores y cuenta con 106 secciones sindicales en todo el país a carecer de un padrón confiable para elegir a sus dirigentes?

No se trata de un sindicato pequeño ni improvisado. Se trata de una de las estructuras gremiales más grandes del país, con presencia en las 32 entidades federativas y con una influencia determinante en la vida laboral del sector salud. Resulta difícil aceptar que, después de décadas de operación, los mecanismos básicos para garantizar una elección interna sigan siendo una asignatura pendiente.

En Durango, donde las secciones 88 y 188 representan a buena parte del personal sanitario, el tema adquiere una relevancia especial. Los trabajadores enfrentan diariamente desafíos relacionados con insumos, infraestructura, carga laboral y condiciones de trabajo. Son precisamente ellos quienes necesitan organizaciones fuertes, legítimas y capaces de defender sus intereses. Pero la legitimidad no se decreta; se construye mediante procesos democráticos periódicos y transparentes.

El problema de fondo es que en muchos sindicatos mexicanos la renovación parece percibirse más como una amenaza que como una obligación. Se habla constantemente de democracia sindical, pero cuando llega el momento de abrir la competencia interna, aparecen obstáculos técnicos, procedimientos inconclusos o requisitos pendientes que terminan postergando las decisiones importantes.

La historia política del país ofrece suficientes ejemplos de organizaciones que aprendieron a sobrevivir sin renovarse realmente. Liderazgos prolongados, grupos enquistados y estructuras que confunden estabilidad con inmovilidad. En esos casos, la prioridad deja de ser la representación de los trabajadores y pasa a ser la conservación de espacios de influencia.

Y es ahí donde surge la sospecha inevitable. Porque si la actualización de un padrón se convierte en una tarea interminable; si las condiciones ideales para votar nunca terminan de existir; si los procesos democráticos siempre encuentran una nueva razón para esperar, entonces el problema ya no es administrativo. Es político.

México vive una etapa de transformaciones institucionales, debates sobre transparencia y exigencias crecientes de rendición de cuentas. En ese contexto, los sindicatos no pueden permanecer al margen. No basta con exigir democracia hacia afuera mientras se pospone hacia adentro.

Nadie discute la necesidad de contar con reglas claras. Lo que resulta cuestionable es que dichas reglas terminen convirtiéndose en el argumento perfecto para evitar la renovación. Porque cuando los mecanismos se vuelven más importantes que los resultados, y cuando la permanencia de las dirigencias parece ser el objetivo principal, la democracia sindical corre el riesgo de convertirse en una promesa perpetuamente diferida.

Al final, la pregunta es sencilla: ¿se está protegiendo el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes o se está protegiendo a quienes hoy ocupan las posiciones de poder?

La respuesta, como suele ocurrir, probablemente se encuentre menos en los discursos y más en los hechos. Y por ahora, los hechos parecen indicar que para algunos la democracia puede esperar, pero el poder no.