Por: Juan Francisco Arroyo Herrera

El 4 de enero de 1946, el entonces presidente de la República Manuel Ávila Camacho promulgó el decreto que contiene el Reglamento de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, reglamentario de los artículos 63 y 64 del extinto Estatuto de los trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión,  abrogado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963 por el presidente Adolfo López Mateos.

Con la emisión de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedó derogado aquel documento. No obstante, los sucesivos líderes del SNTE, que agrupa al magisterio nacional, con denuedo defendieron su aplicación toda vez que contiene mejores beneficios para los trabajadores de la educación. A la fecha las decisiones de las autoridades educativas se ciñen al mismo. Solo que Enrique Peña Nieto metió un gol al sindicato cuando en la Ley General de Educación introdujo aspectos esencialmente laborales; aun así, a sabiendas de la inconstitucionalidad, los legisladores del PRI, PAN y PRD la aprobaron y los dirigentes sindicales ni pio dijeron.

Fue Andrés Manuel López Obrador quien reivindicó al magisterio y eliminó aquella Ley con la actual, que tiene más pureza administrativo-laboral. Nadie se lo reconoció… La Carta Magna, en el artículo 73 fracción X, descarga en el Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en materia de energía eléctrica. “El Borolas”, Felipe Calderón, con el beneplácito de los señores legisladores emitió una Ley que permite a los particulares adueñarse de la explotación, distribución y cobro del servicio eléctrico, debido a lo cual los mexicanos llegamos a pagar recibos hasta de cinco, seis mil o más pesos por consumo. Nadie dijo nada. AMLO presentó una iniciativa para reencausar la regulación de la explotación eléctrica  y los partidos de oposición se negaron a  la aprobación de la propuesta.

En términos de las leyes del ISSSTE e IMSS, las cuotas obrero-patronales eran manejadas por sus respectivos fondos, como cuentas solidarias. A partir de Zedillo, Fox y Felipe Calderón se crearon las Afores, que ahora las administrarán, pero en cuentas individuales. Por ese “manejo” cobran una elevadísima comisión, por cierto, la más alta de América. Cuando usted se retira reclama su ahorro, lo regresan, pero exageradamente rasurado y, desde luego, cobran comisión. Hay muchísimos casos que los beneficiarios por alguna razón no los reclaman y, entonces, las afores se lo embolsan.

Los trabajadores al servicio del Estado le tienen pavor a la jubilación, en virtud de que la pensión que les dan anda cercana al 50 por ciento. Los gobiernos anteriores, incluyendo al estatal, sostenían que llegaría el momento en que sería imposible pagar las pensiones por falta de recursos. Más no dicen que faltan fondos porque se disponía de ellos para cosas completamente ajenas. AMLO quiere pagar a los trabajadores que se jubilan el 100 por ciento de su salario. El 60 por ciento que les da el patrón y el restante 40 por ciento lo cubrirá un fondo social integrado por las pensiones no cobradas, mezcladas con los dividendos de las empresas para-estatales como son el Tren Maya, Mexicana de Aviación, las subsidiarias de Pemex, etcétera. Así, el trabajador tendrá un retiro digno, humanitario y cómodo para sus necesidades familiares. Lo aprobaron en la Cámara de Diputados los legisladores de Morena ante la oposición… de la oposición.