Por: Juan Francisco Arroyo Herrera

Aquel 5 de febrero, cuando en la ciudad de Querétaro se conmemoraba un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por Venustiano Carranza, una vez que los debates parlamentarios sobre cada uno de sus artículos en pro y en contra, que fueron verdaderas joyas de la literatura parlamentaria. En ella se plasmaron no solamente las garantías individuales, sino las garantías sociales consistentes en la Ley federal del trabajo y Ley agraria, amén de la parte dogmática contenida en los artículos del uno al veintinueve, se contiene la parte orgánica que da vida y sentido a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En el evento se estrenaba como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Al hacer los honores al lábaro patrio y a la investidura presidencial, contrariando el protocolo seguido en este ceremonial, permaneció sentada mientras que el resto de los concurrentes y el presídium se pusieron de pie para el saludo a la bandera y entonar el himno nacional. El azoro de los presentes apareció en sus rostros atónitos por el desacato al cívico evento pero además por olvidarse la más elemental  norma de urbanidad, que sin recurrir al manual de Carreño, nos inculcan desde los años escolares.

Lo que en apariencia era un incidente, en realidad fue la declaración de guerra de la ministra a los poderes ejecutivo y legislativo, quienes habitualmente reprochaban a los juzgadores la inaplicación o exceso de la Carta Magna y la Ley de amparo. López Obrador, desde su tribuna en la mañanera, convocó a la Corte para que desde el seno de los tribunales se promovieran modificaciones que refrescaran el ejercicio del Poder Judicial, si bien es cierto existen funcionarios sumamente preparados y con un profundo sentido de la justicia.

Lejos de iniciar la reclamada reforma en el Poder Judicial, algunos jueces, magistrados y ministros comenzaron una andanada de resoluciones en asuntos sensibles en materia fiscal y penal, principalmente por lo que toca a la delincuencia organizada y lo más representativo de sus jefes. El Ejecutivo conjuntamente con el Legislativo tomaron la iniciativa y emprendieron jornadas de consultas populares con el concurso de jueces, abogados, maestros y los propios justiciables, para que nutrieran la iniciativa en rubros que evidentemente obstaculizaban el andar de los tribunales.

Concluyó con la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo, que a toda costa se fue obstaculizando para que ni siquiera llegara al Congreso. El tono fue subiendo y  llegó a su clímax la semana pasada y antepasada, cuando los diputados, constituidos en Cámara de origen, analizaron, discutieron el proyecto de modificaciones y dada la mayoría de morenistas sin problema alguno se aprobó en lo general y en lo particular, y puso luego a la cámara revisora integrada por los señores senadores tensándose la situación en virtud de que para las reformas constitucionales se requiere mayoría calificada y en este caso la cuota es de ochenta y seis senadores. Morena tenía solo 85, erigiéndose finalmente como héroe para el partido en el poder el veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, que con el sufragio de su parte dio el triunfo; en tanto que el senador campechano Daniel Barreda con su inasistencia dejó al prianismo sin posibilidad alguna de inconformarse legalmente.

Aun cuando el 2 de junio el 70 por ciento de los mexicanos sufragaron por la reforma y en los foros se contó con el beneplácito, los grandes intereses económicos y políticos se oponen a la reforma, puesto que la Corte prácticamente estaba a su servicio. El consumatum est se dio al ser aprobada la reforma por más de los diecisiete congresos locales necesarios para las reformas constitucionales. Cabe destacar en todo esto el impecable desempeño que tuvo en la recta final el senador Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado que con ecuanimidad, paciencia pero  con firmeza condujo de principio a fin la sesión.