Por: Juan Francisco Arroyo Herrera

El artículo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, establece: “Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de los cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027 en los términos y modalidades que estos determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027”.

Las buenas nuevas para el estado de Durango es que, a más tardar en junio de 2027, los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia habrán sido electos por el pueblo, dejando atrás el nefasto dedazo, por más que se diga que los actuales fueron producto de un concurso de oposición, afirmación que no cree ni la abuela. De ahí que tenemos cada juececito que Dios guarde la hora; si no lo cree, basta con que vea algún expediente al azar para que se convenza de galimatías, gazapos, mazacotes y peroratas sin ton ni son. Convengo, es cierto, también que los hay dedicados, estudiosos y de criterio, pero son los menos.

El procedimiento ha sido cuestionado a nivel nacional, pero lo hacen personas que no lo entienden o no lo quieren entender, pero es muy simple. El Consejo de la Judicatura Federal remitió el listado, no de personas, no de jueces, magistrados o ministros, sino las plazas que estarán vacantes con la aplicación de las reformas. De esa nómina, la mitad saldrán el mes de junio de 2025 en elección extraordinaria y la otra mitad en la elección ordinaria en junio de 2027. Más para que no se vea arbitrario quién se queda y quién sale el año entrante, en pequeñas esferas se anotaron los números de las plazas disponibles y mediante insaculación, o sorteo, para nosotros los desconocedores de lenguaje. Bellas senadoras procedieron a sacar las esferas y los números nones saldrán en 2025 y los pares en 2027.

Los aspirantes serán sometidos a una entrevista por sendos comités de los Poderes de la Unión; integrados por cinco expertos en la ciencia y práctica del derecho. De esta forma, comparecerán ante las comisiones del Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo. Previa evaluación emitirán su juicio, en relación con el desenvolvimiento y conocimientos de los pretensos a participar en la nueva era de la judicatura en México.

Por lo que toca a las entidades federativas, entre ellas Durango, tal y como lo dice el transitorio invocado, tienen un plazo de 180 días para adecuar sus constituciones,  leyes secundarias y armonizarlas con el nuevo modelo al que estará sujeto la selección, nombramiento y actuación de los encargados de la impartición de justicia. Sin perder de vista que en 2027 el Tribunal Superior de Justicia estará rechinando de limpio. Quienes  han de ahuecar el ala tienen dos opciones: la primera, participar en el concurso con pase directo, o bien, renunciar e irse con las prebendas, prerrogativas, privilegios, regalías y demás beneficios otorgados en el pasado, particularmente por lo que toca a los emolumentos que no podrán rebasar los montos señalados en el artículo 129 de la Carta Magna. He dicho