Por: Juan Francisco Arroyo Herrera

En el mundo de la política, a niveles como la presidencia de la República y gubernaturas de los estados, los abanderados se proponen y distinguen por el área económico-social a la que se decantaron, y puede ser la económica, seguridad pública, urbanística, caminos, carreteras, etcétera, dependiendo también de la capacidad económica de la entidad y de la priorización de necesidades. En tiempos recientes, una de las más distintivas fue la de don Maximiliano Silerio Esparza, que apostó por combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones con logros notables en el abatimiento de robo de ganado, robo de vehículos, asaltos a mano armada y claro está en los secuestros.

En el ámbito nacional, en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador es incuestionable el avance que tuvo en todos los rubros a nivel nacional.  Trabajó tenazmente en programas sociales para combatir la pobreza con apoyo económico a los connacionales que hayan cumplido sesenta y cinco años, pero también a estudiantes y adolescentes en edad de trabajar, con capacitación para tener un oficio; el Tren Maya, el Salina Cruz, Veracruz, la refinería Dos Bocas y otras que adquirió y modernizó, por mencionar solo algunas, aunque es de sobra conocida y del dominio público la obra del ilustre tabasqueño.

La compañera Claudia da continuidad a la Cuarta Transformación ampliando la cobertura con sus políticas a todas las capas sociales. Debe hacerse énfasis en el denuedo que ha puesto e impuesto en la reforma judicial, a pesar de los embates emprendidos por la Suprema Corte y la cauda de intereses políticos y económicos que hay detrás de ese poder, para que continúe el estado de cosas en el Alto Tribunal. No obstante, por fin va a pasar la tan esperada reforma. Por cierto, y esto ha quedado por demás claro, no afectará los derechos adquiridos de los trabajadores desde oficialías, actuarías hasta magistrados que tienen oportunidad de permanecer.

Por lo anterior, don Esteban Villegas Villarreal, conjuntamente con el Poder Judicial y la Legislatura del Estado, están llamados a convertirse en los instauradores de tribunales a la altura de las exigencias de la modernidad y el avance en las leyes que están encaminadas a dar cumplimiento cabal a los postulados del artículo 17 Constitucional, que preconiza una justicia expedita, pronta, completa e imparcial, y que los fallos de los juzgadores sean despojados de cualquier sospecha por falta de objetividad.

Es un hecho notorio que el trabajo de la judicatura local no ha despegado y mucho menos alcanzado aquellas pretensiones, ya  que después del sexenio  de Silerio Esparza, tanto magistrados como jueces han sido nombrados con base en influencias, amiguismo, compadrazgo, compromisos políticos y han desembocado en improvisaciones que se traducen en una administración de justicia manoseada, manipulada  que solo provoca el congestionamiento de las  instancias superiores; además por una falta de reingeniería en el diseño de los procedimientos que con vicios que datan de años, innecesariamente lo retrasan.