Por: Felipe Correa
En días pasados, se dio a conocer que el Congreso del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quienes resulten responsables de los daños provocados por el incendio registrado el pasado 8 de marzo.
En el documento que fue entregado al Ministerio Público, se detallan todas las afectaciones estructurales, físicas y materiales que se tuvieron luego de que aparentemente se provocó un incendio por personas que aún no han sido identificadas; en el mismo se indica que se cuenta con grabaciones y con elementos gráficos que posiblemente puedan ayudar en las indagatorias correspondientes.
El tema de la denuncia es complejo, y si se le adicionan elementos políticos se vuelve aún más escamoso, por ello hay que remitirse a los hechos, ya que una institución fue incendiada, y donde al calor de la propia manifestación del 8M, un grupo de personas ingresó al recinto legislativo a hacer desmanes, los cuales pusieron en riesgo la vida de ellas mismas y otras que se encontraban dentro.
Una manifestación de este calibre que exige justicia para las mujeres que sufren y hoy en día siguen siendo víctimas de agresiones, enmarcado en el 8M, Día Internacional de la Mujer, ahora se tornó en un acto que puso en riesgo la vida de muchas personas. Ahora, las autoridades deben responder ante los daños que se realizan al patrimonio de todos, esto, sin dejar de lado que ya sea que se dé o no con las personas responsables, es necesario que toda manifestación no vuelva a poner en riesgo la vida de nadie.
Consciente del derecho de manifestación que tienen todas las personas, el Congreso está actuando como le corresponde, ahora le corresponde a las autoridades locales dar con quienes realizaron afectaciones y pusieron en riesgo la integridad de las personas y, con ello, incrementar los protocolos de acción ante futuras manifestaciones de distintos grupos de la sociedad. Claro que no se busca ejercer represión en contra de los manifestantes, sino de cuidar, en la medida de lo posible, que los actos no conduzcan a poner en riesgo la vida de ellos mismo ni de
En estos momentos, el Congreso del Estado continúa evaluando los daños, entre los cuales, las áreas más afectadas se encuentran las oficinas de la Secretaría General y el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos. Sin embargo, esto no se equipará con las afectaciones que pudieron haber sufrido las personas que se encontraban durante el incendio provocado durante la marcha del 8M.