Por: Felipe Correa

Durante una entrevista para la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a insistir en una narrativa ya conocida: que los cárteles gobiernan México. Estas declaraciones, más que una simple provocación retórica, colocan a México en una posición que exige una respuesta inmediata, estratégica y cuidadosamente calibrada, sobre todo en el contexto de los hechos recientes ocurridos en Venezuela.

En teoría, México debería emitir una declaración firme y contundente; sin embargo, dicha postura debe mantenerse alejada de cualquier respaldo al régimen de Nicolás Maduro, sin que ello implique avalar o legitimar una intervención militar estadounidense. La neutralidad, en este caso, no puede ser pasiva ni burocrática: debe ir acompañada de una posición multilateral, respaldada por organismos internacionales, y no limitarse a un mero trámite de comunicación diplomática.

La postura inteligente de México, en el mejor de los escenarios, debería ser:

✔️ Prudente, pero no muda

✔️ Diplomática, pero no complaciente

✔️ Firme en principios, flexible en las formas

✔️ Multilateral, no ideológica

México debe actuar con cautela si aspira a consolidarse como un actor serio en política exterior. Venezuela no puede tratarse únicamente como un asunto de afinidades políticas internas o de complacencias ideológicas.

Frente a las declaraciones del mandatario estadounidense, pensar que un simple posicionamiento retórico será suficiente es un error. Resulta necesario —por no decir casi obligatorio— que, en un primer momento, México evite cualquier alineamiento ideológico con Venezuela y se respalde en uno de los pilares históricos de su política exterior: la Doctrina Estrada.

La Doctrina Estrada, formulada por Genaro Estrada en 1930, es más que un principio fundacional de la diplomacia mexicana; es un eje estructural. Establece que ningún país debe intervenir ni juzgar la legitimidad de gobiernos extranjeros, sino mantener relaciones diplomáticas bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, sin emitir juicios de valor ni reconocer o desconocer formalmente gobiernos, limitándose a decidir la permanencia o retiro de sus representantes diplomáticos. Esta doctrina rechaza el intervencionismo y defiende la soberanía y la independencia de las naciones.

A partir de este marco, resulta indispensable reconocer la gravedad institucional de los hechos sin alinearse ciegamente. México debe expresar una preocupación formal por lo ocurrido —violencia, ruptura del orden democrático, represión e irregularidades en el ámbito político—. En este punto es necesario ser claros: guardar silencio o adoptar una postura tibia es la peor decisión posible. Si México opta por mensajes ambiguos o timoratos, pierde autoridad moral para exigir respeto a los derechos humanos, a los migrantes o a su propia soberanía en otros foros internacionales, y además fortalece la narrativa que justifica acciones militares unilaterales de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump, emitidas apenas horas después de una operación militar calificada como “exitosa” en Venezuela, reafirman una línea que ha sostenido desde el inicio de su segundo periodo presidencial: la intención de atacar a los cárteles mexicanos y justificar ese discurso con soldados y balas.

En este punto de la historia, esperar o entregar capos del crimen organizado ya no parece una opción viable. La confrontación abierta tampoco lo es. Negociar y acordar, aunque incómodo, sigue siendo la vía más inteligente para contener —aunque sea momentáneamente— las pulsiones belicistas de un mandatario estadounidense que ha hecho de la fuerza su principal argumento político.