Por: Ciria Weyman

La reciente visita a México de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristy Noem, la primera de un alto cargo del Gobierno del presidente Donald Trump, se llevó a cabo en un marco caracterizado por las altas demandas de Washington al Gobierno mexicano por una colaboración más amplia en el combate al tráfico de fentanilo y la migración irregular.

A pocos días de esto, entraron en vigor los aranceles recíprocos universales afectando a 160 países que tienen comercio con Estados Unidos. En el caso mexicano, salimos librados, no obstante, se mantiene el 25% de arancel para el aluminio y el acero, las autopartes, los automóviles y quedan exentos los productos incluidos en el T-MEC.

En lo que respecta a la industria automotriz, podría sumar un impuesto de más del 52% para las armadoras en México que no cumplan con las reglas del tratado.

En cuanto a lo migratorio y la seguridad, México ha recibido a 24 mil 413 deportados, incluyendo cuatro mil 567 extranjeros. Entre las principales solicitudes que dejó la visita de Noem, figura el refuerzo de la frontera de México con Guatemala, punto de ingreso de numerosos migrantes que atraviesan el país rumbo al norte.

Washington espera el intercambio de información criminal y biométrica para realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes penales de personas en tránsito. Lo cual podría resultar controversial en el contexto político mexicano, así como mayor vigilancia fronteriza, expansión del uso de tecnología de rastreo e intercambio de inteligencia sobre redes delictivas transnacionales.

También se abordó el combate contra los carteles de la droga. En su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump declaró la guerra a los cárteles frente a los generales del pentágono y del congreso. Cambió las reglas para que los comandantes militares puedan tomar decisiones con mayor discrecionalidad respecto a operaciones especiales en campos no convencionales y ataques dirigidos.

Los designó oficialmente como organizaciones terroristas en una lista que maneja el Departamento de Estado y cuya principal consecuencia es financiera, pues da facultad a las autoridades de frenar los flujos de dinero que atraviesen los bancos estadounidenses, facilitando el bloqueo de capitales y haciendo público el conocimiento de estas organizaciones.

Cambió a los tres abogados militares más importantes del pentágono, cabe mencionar que son los únicos miembros que le pueden decir a un comandante militar que lo que está haciendo es inconstitucional y fungen como contrapeso legal. Por lo cual se abre la posibilidad de una intervención militar directa.

Donald Trump ha convertido su política de aranceles en un tema de seguridad nacional lo que hace que el ejecutivo tenga la capacidad de tomar acciones unilaterales sin preguntarle al congreso si esto representa una emergencia.

Es poco comentado que desplegó 9 mil soldados en la frontera con México a la par que el Gobierno Federal envió 10 mil elementos. Esto representa la mayor militarización fronteriza en la historia reciente.

Desde el punto de vista legal, la designación de los carteles como terroristas no autoriza una acción militar. Sin embargo, en la práctica Estados Unidos está sentando las bases para intervenciones militares como ocurrió en Afganistán contra los talibanes, así como en Irak y Siria contra el Estado Islámico.

De fondo, la idea de intervenir militarmente en territorio mexicano con incursiones selectivas encaminadas a terminar con los cárteles productores de fentanilo, una droga que mató en 2023 a unos 70 mil estadounidenses, ha sido contemplada desde hace varios años por congresistas americanos.

Cabe mencionar que el 80% de las personas detenidas por introducir fentanilo a través de la frontera son estadounidenses.

En 2023 las incautaciones de fentanilo en la frontera con México ascendieron a 12.1 toneladas, casi el doble que en 2022. Esto podría valer el despliegue de efectivos en territorio mexicano respaldado por la orden ejecutiva de Trump, aunque como ya vimos en 2024, las operaciones encubiertas y de fuerzas especiales aún sin coordinación con el Ejercito mexicano es posible.

Y desde luego se debe trabajar trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México que provienen de Estados Unidos.