Por: Jorge Anima

Las grandes transformaciones políticas no siempre llegan acompañadas de discursos históricos ni de plazas abarrotadas. En ocasiones, ocurren en los congresos, entre dictámenes, votaciones y reformas legales que para muchos parecen lejanas, pero que terminan modificando el rumbo de una sociedad. Eso es precisamente lo que está sucediendo en Durango con la reciente reforma electoral aprobada por el voto de todos los partidos representados y coordinados por Ernesto Alanís en el Congreso del Estado.

La prohibición de la reelección consecutiva representa uno de los giros más significativos. Durante la última década se defendió la idea de que permitir la reelección fortalecería la profesionalización de los representantes populares y generaría incentivos para rendir cuentas ante la ciudadanía. Sin embargo, sus críticos argumentaron que también consolidó estructuras políticas difíciles de desplazar y favoreció la permanencia de grupos con acceso privilegiado al poder. Hoy, la reforma apuesta nuevamente por la renovación periódica de los cargos, privilegiando la circulación de liderazgos sobre la continuidad política.

Otro cambio de gran impacto es la reducción de la edad mínima para contender por presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, pasando de 21 a 18 años. La medida tiene un fuerte componente simbólico y democrático. En una sociedad donde los jóvenes participan cada vez más en causas sociales, movimientos digitales y debates públicos, resultaba contradictorio exigirles madurez para votar pero no permitirles competir plenamente por espacios de representación. La reforma abre una puerta que ahora deberá traducirse en oportunidades reales dentro de los partidos políticos.

La nueva legislación también incorpora requisitos de elegibilidad más estrictos. Quienes aspiren a cargos de elección popular deberán acreditar una conducta compatible con la función pública. Los antecedentes relacionados con corrupción, violencia política de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias se convierten en obstáculos legales para acceder a una candidatura. Más allá de su dimensión jurídica, la medida refleja una demanda social cada vez más visible: que la ética personal también forme parte de la evaluación política.

La participación política de las mujeres ha dejado de ser una discusión sobre cuotas para convertirse en un debate sobre acceso efectivo al poder. El reto será garantizar que esta disposición no se limite a cumplir formalidades legales, sino que genere condiciones reales de competencia y liderazgo. Ya que en el 2034 de acuerdo a estas reformas tendremos gobernadora

La reducción de regidurías, por su parte, abre una discusión legítima sobre eficiencia gubernamental y representación ciudadana. Mientras algunos sectores consideran que disminuir el número de integrantes de los cabildos puede reducir costos y agilizar la toma de decisiones, otros advierten que también podría limitar la pluralidad política y la presencia de voces minoritarias dentro de los ayuntamientos.

Sin embargo, el verdadero alcance de esta reforma no se medirá en el texto de la ley, sino en sus resultados. Las reglas pueden modificarse, pero la calidad de la democracia seguirá dependiendo de la actuación de partidos, instituciones y ciudadanos. Ninguna reforma sustituye la necesidad de gobiernos transparentes, representantes cercanos a la gente y una ciudadanía informada y participativa.

Durango está entrando a una nueva etapa política. El proceso electoral de los próximos años será la primera gran prueba para estas reformas. Ahí sabremos si los cambios aprobados contribuyen a fortalecer la confianza pública o si terminan siendo solamente ajustes administrativos sin impacto profundo.

Porque al final, las democracias no se fortalecen únicamente cambiando las reglas. Se fortalecen cuando la sociedad percibe que esas reglas sirven para generar gobiernos más legítimos, más responsables más cercanos a la gente y cuando la ciudadanía hace suyas las leyes, entonces ese es el verdadero desafío que hoy tiene Durango.