Por: Emmanuel Salazar

Al menos 12 municipios duranguenses no lograron presentar cuentas públicas suficientemente claras como para ser aprobadas por los legisladores, quienes han rechazado los balances y ahora deberán hacer un esfuerzo adicional para lograr la aprobación de sus cifras.

Las cuentas públicas de los municipios de San Juan del Río, Rodeo, San Juan de Guadalupe, Ocampo, Nombre de Dios, Poanas, San Bernardo, Pueblo Nuevo, Tlahualilo, El Oro, Coneto de Comonfort y Mapimí fueron rechazadas pues acumularon más del 5 por ciento de su presupuesto con observaciones técnico-financieras.

De esa manera, la mayoría de los ayuntamientos reprobados forman parte de la alianza que conformaron el PAN, PRI y PRD y solo en los casos de San Bernardo y Mapimí son municipios gobernados por alcaldes de la alianza de Morena, PVEM, PT y PRSP.

En otras palabras, estos municipios no pudieron lograr ordenar sus reportes financieros para comprobar que las erogaciones realizadas estaban sustentadas, en algunos casos les faltó anexar la documentación suficiente para que la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango pudiera validar el reporte, y que este a su vez pudiera ser aceptado en la Comisión de Hacienda, cuyos integrantes, encabezados por la diputada Sughey Torres Rodríguez, realizaron el dictamen correspondiente.

Ese documento se presentó ante el pleno, el cual validó el dictamen que se elaboró, en donde se descartó aprobar los números presentados por los municipios, algunos como San Juan del Río que hizo referencia no tanto a la pasada gestión, sino a la que ahora gobierna esa demarcación que tiene un alcalde de lo que ahora se denomina Frente Amplio por México.

La próxima semana los dictámenes habrán de contemplar al municipio de Gómez Palacio, que fue gobernado por Marina Vitela, quien se desprendió del Ayuntamiento en diciembre para competir por la gubernatura, en una elección que perdió pese a que arrancó con ventaja.

En ese municipio, las observaciones corresponden al 9 por ciento de su presupuesto, que fue de poco más de mil 500 millones de pesos en 2022, lo que supone que hay anomalías por no menos de 120 millones de pesos.

En ese caso, según la diputada Torres Rodríguez, sí se detectó daño patrimonial, esto es las finanzas municipales fueron afectadas, por lo que se puede esperar que se podrá fincar responsabilidades y se deberá presentar la denuncia correspondiente, mismo que podría ser atendida por la Fiscalía Anticorrupción.