Por: Jorge Anima

La reforma al poder judicial es inminente, a pesar de pataleos, berrinches, lloriqueos y hasta intromisiones extranjeras a favor de quienes no quieren que continúe la transformación a favor del pueblo de mexicano.

La reforma al poder judicial es una necesidad social, actualmente contamos un deficiente sistema de justicia en donde impera la corrupción y el nepotismo, pretextos sobran, pero el ciudadano común es quien sufre ante ello.

Ante la protesta de trabajadores manipulados, jueces y magistrados han llegado a un paro de labores quienes son alrededor 1200 «impartidores de justicia» a nivel nacional, en 20 estados del país para ser más preciso, buscan el diálogo y algo que pareciera contra sentido común, que es eliminar la propuesta de reforma a este poder republicano. Este próximo cambio constitucional afecta solamente a jueces y magistrados, quienes gozan de excesos económicos en sus remuneraciones, pero de acuerdo a diversos sondeos y encuestas, alrededor de un 80% de los mexicanos está a favor de la reforma al poder judicial, un 14% en contra y un 6% no sabe

La reforma en mención busca reducir los integrantes de la suprema corte de justicia, reducir el periodo de jueces y magistrados, así como salarios, pensiones vitalicias y demás privilegios que solamente gozan jueces y magistrados, siendo estos los únicos afectados y no los demás trabajadores.

Vulnerando la soberanía nacional el embajdor estadounidense, Ken Salazar, se pronunció en contra de la dicha reforma, ya que desde su perspectiva afecta a la democracia, pero es en su país en Estados Unidos en donde se eligen democráticamente a 43 de 50 jueces, la reacción del gobierno federal fue realizar una nota diplomática de extrañamiento ante el injerismo a nuestro país.

Lo que se busca con esta actualización al poder judicial es que si tengamos justicia y manera más eficiente y eficaz: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.

Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Ante esta situación no veo como puedan obtener la razón o el apoyo de la mayoría social, ya que ellos no proponen una contra reforma superior a la expuesta.