Por: Jorge Anima

La reforma electoral llegará. Nadie lo dude. Llegará porque fue compromiso de campaña, porque fue palabra empeñada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero todo indica que será una reforma descafeinada, descolorida y disminuida, más cercana a un ajuste falto de profundidad en los hechos que a una transformación de fondo. Esto porque los partidos aliados de Morena —el Verde y el PT— cobrarán factura.

El discurso original es ambicioso: menos plurinominales, menos dinero a partidos, reglas más austeras y un sistema electoral menos costoso. El mensaje conectaba con el ánimo social, ese que desde hace años ve en los excesos partidistas una afrenta permanente. Sin embargo, el trayecto entre el anuncio y la redacción final suele estar lleno de aduanas, y los aliados hoy están cobrando factura.

Las negociaciones con el Partido Verde y el PT han dejado claro que la aritmética legislativa manda más que la narrativa política. Lo que inicialmente se planteó como una reducción drástica de plurinominales está en una mesa donde no solo se salvan, sino que prácticamente se blindan.

Hasta ahorita la información que se tiene es que de os 32 plurinominales del Senado parecen permanecer intactos; los 200 diputados de representación proporcional de la Cámara de Diputados, también. Lo que está sobre la mesa no es eliminar plurinominales, sino reducir a los candidatos de mayoría relativa —es decir, a quienes vemos haciendo campaña comúnmente—, que bajarían de 300 a 200. En otras palabras, igualarlos en número con los de representación proporcional. Una pirueta técnica que cambia cifras, pero no el fondo.

Lo mismo ocurre con el presupuesto a partidos. El planteamiento inicial de recortar 50% las prerrogativas ya se convirtió en un tímido 25%, con la posibilidad de que aún se diluya más. Traducido al lenguaje político: todos dicen estar de acuerdo en gastar menos y en una mayor fiscalización, siempre y cuando no se les toque demasiado.

La fórmula actual de repartición del recurso es así: 70% según el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de diputados federales y 30% en partes iguales entre todos los partidos con registro. Ese recurso se toma con base en el padrón electoral y se multiplica por el 65% del valor de una UMA (una UMA es de $113.14); entonces, 113.14 × 0.65 = $73.541 por ciudadano registrado en el padrón electoral. Tal vez habría que replantear la fórmula.

Nada de esto es casual. El Verde y el PT saben que son indispensables. Saben que sin ellos no hay reforma constitucional posible. Y saben, también, que este es el momento exacto para negociar su permanencia, su financiamiento y su peso político rumbo a 2027. No hay chantaje abierto, pero sí un mensaje claro: la reforma pasa, pero bajo nuestras condiciones.

Desde Palacio Nacional se intenta cuidar la forma.

Se habla de diálogo, consenso y unidad. Gobernación funge como intermediaria y se pide discreción. Pero el fondo ya se conoce: la reforma que se prometió al electorado no será la que llegue al pleno. Será una versión negociada, recortada y políticamente administrada.

Claudia Sheinbaum cumple con presentar la iniciativa y con mantener cohesionada a su coalición. Ese es su equilibrio. El costo lo paga la expectativa ciudadana de un cambio real en las reglas del juego. Porque cuando los aliados pesan más que la idea original, la reforma deja de ser estructural y se convierte en administrativa.

Así, la reforma electoral no naufragará, pero tampoco navegará lejos. Llegará a puerto con un viento transformador debilitado al tocar tierras legislativas. Porque el 27 está a la vista y el verde y PT le sacarán el mayor jugo posible.