Por: Felipe Correa

La crisis de seguridad que enfrenta el sector minero en México ha alcanzado niveles sin precedentes. La indignación se extendió este sábado por diversas regiones del país tras el secuestro y asesinato de trabajadores mineros en Sinaloa, un hecho que volvió a exhibir la vulnerabilidad en la que opera una de las industrias estratégicas de la economía nacional.

En plazas públicas y frente a sedes de gobierno, compañeros de oficio, familiares y organizaciones sociales alzaron la voz para exigir justicia y condiciones mínimas de seguridad en territorios donde la violencia criminal se ha normalizado y forma parte del paisaje cotidiano.

Las movilizaciones se registraron en Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Hidalgo y Guerrero. Cascos, uniformes de trabajo y mantas con mensajes de duelo e indignación se convirtieron en símbolos de protesta. Las manifestaciones pacíficas estuvieron marcadas por una mezcla ya conocida de coraje, impotencia, impunidad y cansancio: el hartazgo de familias que han sido víctimas directas de la inseguridad que atraviesa el país.

Pese al discurso oficial, los datos reflejan una realidad adversa. La Cámara Minera de México informó que las inversiones en el sector han disminuido 34.5 % desde 2012, año en el que se registraron 8 mil 043 millones de dólares. Para 2022, la inversión se estimó en apenas 5 mil 265 millones de dólares. En este contexto, el Instituto Fraser clasificó a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para la actividad minera.

La incursión del crimen organizado en la industria minera no es un fenómeno reciente. Es, más bien, el reflejo de la diversificación y adaptación de estas organizaciones para ampliar su control territorial y sus fuentes de financiamiento. Existen pruebas documentadas que van desde la creación de infraestructura logística para la exportación ilegal de minerales, hasta prácticas de extorsión, robo y, en casos extremos, la gestión directa de proyectos de explotación.

Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se documentó que diversos grupos criminales ejercían control sobre actividades mineras en al menos cinco estados del país. Como consecuencia directa de esta violencia, el sector minero mexicano se ha convertido en uno de los menos competitivos a nivel internacional.

Entre los casos más representativos del impacto del crimen organizado en la minería se encuentran la extorsión a la empresa Goldcorp por parte del grupo Guerreros Unidos en 2015, en la mina Los Filos, en Guerrero; el uso del puerto de Lázaro Cárdenas por el grupo Caballeros Templarios para exportar hierro a China en 2014; y la explotación minera directa atribuida al Cártel de Sinaloa en la zona de El Patole, en Sinaloa.

El impacto de la inseguridad ha sido contundente: en los últimos 12 años, la inversión minera ha caído 34.5 %, principalmente por la percepción de riesgo y la violencia que rodea al sector.

Litio y uranio: el “oro blanco” bajo amenaza

El litio, conocido como “oro blanco”, es un mineral clave para la fabricación de baterías y la transmisión de energía, lo que lo convierte en un recurso estratégico para diversas industrias tecnológicas. Sin embargo, los yacimientos identificados en México enfrentan riesgos crecientes derivados de la fragmentación territorial y la expansión de la influencia de organizaciones criminales hacia el sector minero.

El robo sistemático y la infiltración de cárteles han creado un entorno de alta inseguridad que desalienta la inversión y pone en peligro tanto a los trabajadores como a la continuidad de la producción.

Ante este escenario, especialistas coinciden en la urgencia de implementar medidas integrales de seguridad para proteger al personal, la inversión y la viabilidad de la industria minera. Entre las principales recomendaciones destacan la colaboración efectiva con autoridades, la realización de análisis de riesgos, la implementación de protocolos de seguridad, el desarrollo de áreas de inteligencia, la capacitación del personal y la construcción de una cultura de seguridad sólida dentro de las empresas.

Exigen medidas concretas, no solo discursos

Entre las demandas más reiteradas por los manifestantes se encuentra la implementación de protocolos de seguridad para el traslado de personal, una mayor presencia institucional en corredores mineros y una coordinación real entre autoridades federales, estatales y empresas del sector. También exigieron que las investigaciones no se limiten a comunicados oficiales y que se garantice atención integral a las familias de las víctimas.

La crisis del sector minero no es solo económica ni productiva: es una crisis humana que expone, una vez más, los costos de la violencia y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en amplias regiones del país.