Por María de Lourdes López Salas *

La nueva ley de transparencia, ¿garantizará el acceso a la información?

“La transferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, debe ser al Inegi, acompañada de reformas legales para garantizar continuidad y calidad en el acceso a la información, aprovechando su infraestructura técnica y capacidad en manejo de datos”: Ernesto Villanueva

Consumada la reforma constitucional para desaparecer a los organismos constitucionales autónomos entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, garante del derecho a la información, ahora lo que nos queda es estar atentos en la aprobación de la nueva ley general de transparencia.

Como ya se había anotado con anterioridad las atribuciones del INAI, se trasladaron a nivel nacional a la recién creada Secretaría Anticorrupción antes de la Función Pública y en los estados a las secretarías homólogas.

Sin embargo, no están del todo claros varios aspectos como los que a continuación se describen.

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en la Ley general vigente de Transparencia se creó la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, con el fin de que en ese espacio se publicaran la información de las autoridades.

Desde la creación de la PNT, se han cargado millones de registros de todos los sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno, así como partidos políticos, sindicatos, el poder judicial, fondos y fideicomisos públicos, entre otros.

Por lo tanto, la pregunta que hoy surge es ¿quién o quiénes serán los responsables de resguardar los millones de registros de información de las obligaciones de transparencia?

En los transitorios de la reforma constitucional que extinguió al INAI, se señala en el artículo 5° que una vez que entre el vigor la Ley, los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos pasarán a formar parte las dependencias del ejecutivo federal o del INEGI, como es el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin embargo, ahí es donde no hay claridad, ya que en el decreto en sus transitorios le da la facultad al INEGI de quedarse con plataformas con la PNT, pero no señala del contenido de dicha plataforma ya que la información que ahí se había venido cargando de las obligaciones de transparencia pertenece a los sujetos obligados y miles de ellos no son del gobierno federal, sino de los estados o municipios.

Por lo tanto, se hace necesaria la revisión a profundidad del tema de la plataforma nacional de transparencia, porque no hay ninguna información al respecto y, por lo tanto, prevalece la incertidumbre.

En otro tema un tanto sensible, es lo relativo al personal que labora en los institutos locales de transparencia y en el nacional, ya que tampoco hay claridad de la forma en que algunos se quedarían en la dependencia responsable, pués uno de los argumentos para la desaparición fue el costo económico del funcionamiento, la pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos para liquidar a cientos de trabajadores que laboraban en esos organismos?

Aún están varios temas por resolverse con la desaparición del INAI y los órganos locales, que en el caso de Durango el IDAIP, los legisladores locales ya señalaron que no habría recursos presupuestados para el funcionamiento, sin embargo, sí se debe reconsiderar porque hasta que las leyes secundarias sean aprobadas deberán seguir funcionando.

Así las cosas.

*Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

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