Por: María de Lourdes López Salas

En total opacidad información sobre fosas clandestinas

“El impacto del derecho a la información no debería quedar sólo en el acceso a ella, se debe escalar al aprovechamiento para transformarla en conocimiento, valorarla y utilizarla como un insumo estratégico para lograr objetivos como la exigencia de otros derechos, solución de problemas, satisfacción de necesidades o alcance de otros beneficios”: Transparencia para Tod@s

El problema de la violencia en Sinaloa no solo ha causado un daño a muchas familias de ese estado, sino que como daño colateral también familias duranguenses están padeciendo dolor ante la pérdida de algún ser querido que ha viajado a esa entidad, especialmente al puerto de Mazatlán.

Uno de los casos que mayormente ha llamado la atención mediática es el del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, desaparecido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentino de Mazatlán, Sinaloa.

La atención de este caso se debe a que su familia especialmente su mamá la señora Brenda Valenzuela, no sólo no ha dejado de buscarlo, sino que se exigido a las autoridades resultados de la búsqueda de su hijo, que hasta ayer no se sabía de su paradero.

El 3 de febrero se informó por diversos medios que se había localizado una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en la comunidad de El Verde, en la cual se había identificado varios cuerpos entre ellos presumiblemente de los mineros secuestrados el 23 de enero.

Lo que es una realidad es que en esa zona de Concordia el hallazgo es superior ya que son varias fosas clandestinas, sin embargo, los colectivos de madres buscadoras entre ellas el denominado “Buscando Emilios”, señalaron que la autoridad judicial e investigadora no proporciona información y mantiene las investigaciones en total opacidad.

De lo anterior se desprende que la señora Brenda, haya solicitado información y al no tener respuesta se fue al amparo que originalmente le fue negado por un juez federal de nombre Isaí López Triana, quien, al no respetar los criterios de la Suprema Corte en cuanto a los derechos de las víctimas de desaparición, un Tribunal Colegiado le corrigió la plana y le ordena a las Fiscalías y Comisiones de Búsqueda otorgar la información de manera inmediata.

Estos casos son ejemplos de que en México al no garantizarse el acceso a la información por parte de la autoridad se recurre a otra instancia, pero también ha provocado que organizaciones como Artículo 19, lleven realicen la labor de informar.

Es así como Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana crearon la Plataforma Ciudadana de Fosas, como una herramienta tecnológica para fortalecer el acceso público a información clave sobre la violencia y sobre todo a desapariciones https://plataformaciudadanadefosas.org/

La creación de la Plataforma Ciudadana de Fosas respondió a la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, cuya elaboración corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con las fiscalías estatales que sumado a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) retiró de su sitio web el “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas”, no se cuenta con información sobre desapariciones provocadas por la crisis de violencia.

Ante la carencia de un registro oficial de fosas clandestinas por parte del Estado es fundamental la existencia y actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, realizada por la sociedad civil. Así las cosas

*Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UJED

Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.