Por: María de Lourdes López Salas

“Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no pueden ser mermados por instancias partidistas o por alguna ideología política”, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI

La primera Ley de Transparencia y Acceso a la información de Durango cumplió 21 años de haberse aprobado ayer 25 de febrero, por lo que la fecha es propicia no solo que la recordemos, sino que es necesario hacer un recuento de los últimos acontecimientos registrados en el país que amenazan el ejercicio del derecho a la información.

No es novedad que, desde la presidencia de la República, se insista en la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, como el mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante ello, es necesario seguir insistiendo en la importancia de órgano garante de la transparencia y de la protección de datos personales, ya que frente a la amenaza de desaparecerlo se impacta directamente en el ejercicio de dos derechos fundamentales y constitucionales.

Ese es el tamaño de la afectación, porque el argumento falaz de la presidencia de la República es que “no sirven para nada y le cuestan al erario”, sin embargo, ese aspecto es discutible, mas no debería ser el de mayor peso para descalificarlo y mucho menos desaparecerlo.

Los derechos de acceso a la información y protección de datos forman parte del fortalecimiento de la cultura democrática, que tanto exigieron los que hoy gobiernan, por eso tiene mucha razón el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, cuando asegura que ambos no pueden ser mermados por instancias partidistas o por alguna ideología política.

Por ello deben tener mucho cuidado aquellas personas que apoyan el hecho de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos por el simple hecho de “respaldar” la voz presidencial, ya que no se dan cuenta que a ellos también les afecta.

Incluso, en las últimas horas, se ha desatado una gran discusión pública luego de la vulneración de los datos personales en contra de una periodista del periódico New York Times, desde el mismo presidente al exhibir públicamente su número telefónico.

No solo violenta el derecho a la privacidad, sino que además su argumento fue que ante ello que la periodista “cambiara de número”, situación que fue de tal impacto que hubo quienes, siguiendo la postura presidencial, hicieron públicos los teléfonos de su hijo mayor quien se “quejó” de tal hecho.

Eso es precisamente lo que no debe suceder en un país democrático, porque el discurso violentador de las leyes está escalando situaciones no imaginables, como la expuesta al vulnerar la privacidad de cualquier persona.

Ante estos hechos, la sociedad no debería participar en el discurso de odio, descalificación, ataques o señalamientos, situación muy difícil cuando estamos inmersos en un proceso electoral que desde el espacio por las mañanas de manera reiterada se hace.

El nivel de violencia verbal podría escalar hechos de mayor gravedad, por eso como sociedad no debemos seguir ese tipo de acciones y reflexionar en el impacto que se está teniendo dicha violencia.

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