Por: María de Lourdes López Salas

“En el combate a la corrupción la apuesta debe ser la parte educativa para incorporar desde los niños una nueva forma de ver a la corrupción como un problema real y que afecta al desarrollo de los países, pero sobre todo inculcando además de los principios legales, los valores éticos en el comportamiento diario de las personas”, María de Lourdes López Salas, Ensayo 4/10/2015

El próximo mes de mayo se cumplirán nueve años de la reforma a la Constitución que le dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción como una demanda de la sociedad mexicana frente a una estela de actos de corrupción que se pusieron en la vitrina pública en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Se fueron acumulando hechos que demostraron una serie de hechos de corrupción en la época ya señalada, entre los que destacaron la “Estafa Maestra”, con un desvío presuntamente de cinco mil millones de pesos, así como diversos señalamientos en contra de gobernadores de Veracruz o Chihuahua.

Fue entonces que en noviembre de 2014 es publicado un amplio reportaje, por Aristegui Noticias, que reveló la existencia de una lujosa residencia propiedad del presidente y su esposa, valuada en 86 millones de pesos, lo que generó un escándalo público y que se denominó “La Casa Blanca de Peña Nieto”.

El rostro de la corrupción se acentuó y por ello surge un movimiento de la sociedad civil que propuso a través de los organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, y Transparencia Mexicana, la llamada declaración 3de3, que establecía que los candidatos a un cargo de elección popular hiciera pública su declaración patrimonial, fiscal y de interés con el fin de darle seguimiento a su propiedades y con ello evitar que los representes públicos se hicieran millonarios de la noche a la mañana.

En este contexto fue que la sociedad civil se convirtió en impulsora de contar con una Ley de combate a la corrupción y en el año 2015, en el mes de mayo, se aprobó la iniciativa para reformar la Constitución y se iniciara el combate a la corrupción de manera legal a través del Sistema Nacional Anticorrupción, SLA.

El Sistema tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación para que las instancias competentes prevengan, investiguen y sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción.

Por lo tanto, el SLA es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política pública en la materia.

De ahí la importancia del trabajo que se realiza para darle seguimiento a las políticas públicas como la creación de la Plataforma Digital Nacional, que tiene seis sistemas, uno relacionada con las declaraciones patrimoniales, que sigue con el proceso de carga de la información y de acuerdo con el reporte son un millón 892 mil 807 declaraciones.

A las cuales se sumarán siete millones que la Secretaría de la Función Pública iniciará el proceso de interconexión para publicarlas en la citada plataforma.

Lo que se espera que la política nacional anticorrupción siga avanzando y se tengan resultados positivos en el combate a la corrupción.

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