Por: María de Lourdes López Salas

“Lo que falle de aquí en adelante en materia de transparencia será porque no existe un mecanismo que sancione a funcionarios que se niegan a entregar información.  Será el gobierno federal, plantea la periodista, el que tendrá que cargar ahora con la responsabilidad total”, Lilia Saúl, periodista experta en derecho a la información.

Finalmente, lo que hace meses y en las últimas semanas habíamos venido señalando en torno a la desaparición de los órganos constitucionales autónomos se dio la semana pasada con la aprobación del dictamen por la mayoría calificada de Morena y sus aliados por lo tanto se consumó su extinción.

Efectivamente, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales como parte de los derechos fundamentales en nuestro país no serán tocados en las reformas constitucionales en apariencia, pero sí se ponen en riesgo ya que a partir de la publicación de esas reformas ya no existirá un organismo garante.

Las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ahora se trasladan a nivel nacional a la recién creada Secretaría Anticorrupción antes de la Función Pública y en los estados a las áreas locales.

Ahora la gran incógnita será ver cómo quedará conformada la nueva Ley de Transparencia, ya que en dicha legislación están claramente estipulados los mecanismos para ejercer el derecho a la información a través de solicitudes de información y así como a consultas las obligaciones de transparencia.

Lo que es una realidad es que, con estas modificaciones, como ha sido señalado a través de expertos en la materia, organismos de la sociedad civil, los propios comisionados de la transparencia, en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales no se puede ser “juez y parte”.

Eso es lo que precisamente no debería darse en el contexto de un sistema democrático, eso no es favorable al “pueblo”, como ahora se ha puesto de moda decir por el actual régimen.

Coincido con mi maestro, el doctor Ernesto Villanueva, experto investigador en derecho a la información y libertad de expresión, que el hecho de acusar al “INAI de actos ilícitos cometidos por algunos de sus directivos no justifica su desaparición”, como dice el doctor Villanueva en como en cualquier otro caso, lo que procede es que las autoridades competentes hubieran sancionado a quienes resultaran responsables por lo tanto la corrupción debe combatirse sin sacrificar las instituciones.

También será necesario estar alertas en la nueva legislación porque, como bien lo señala la periodista Lilia Saúl, experta en el uso del derecho a la información y en la plataforma nacional de Transparencia como herramientas del periodismo de investigación, se deberá hacer “una recomposición de los cómo y los cuándos y de la preservación de los archivos, tanto digitales como físicos”.

Además, como bien lo señala la periodista mexicana Lilia Saúl, “lo que falle de aquí en adelante en materia de transparencia será porque no existe un mecanismo que sancione a funcionarios que se niegan a entregar información”, ante ello, será el gobierno federal el que tendrá que cargar ahora con la responsabilidad total.

Lo deseable es que en la nueva Ley se establezca con puntual claridad todas estas dudas e incógnitas que se tienen sobre la funcionalidad y el respeto a la transparencia y al derecho a la información.

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