Por María de Lourdes López Salas

La extinción del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se realiza con el firme propósito de fortalecer los principios de austeridad republicana, racionalidad administrativa y eficiencia en el uso de los recursos públicos: XI Consideración de la iniciativa aprobada por el congreso local.

Siguiendo la línea nacional de la reforma a la Constitución General de la República al artículo 6° en materia de acceso a la información y bajo el argumento de la “Simplificación Administrativa”, la cámara de diputados de Durango aprobó el miércoles de la semana pasada la extinción del órgano garante de la Transparencia en Durango, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, IDAIP.
Sin importar ni tomar en cuenta el trabajo previo que en Durango se realizó para que la sociedad tuviera una legislación que garantizara el derecho a la información, finalmente se consumó la desaparición del IDAIP.
Aun con lo anterior, es necesario anotar que en Durango se trabajó para tener una nueva Constitución la cual fue publicada en el Periódico Oficial el 29 de agosto del 2013 documento considerado de avanzada al integrar en su texto el apartado de Órganos Constitucionales Autónomos, otorgándole precisamente al IDAIP esa categoría incluso antes de que a nivel nacional se aprobara esa cualidad.
A 12 años de la nueva Constitución de Durango, los diputados aprueban la desaparición del IDAIP que como órgano autónomo que tenía la facultad de garantizar el derecho a la información y la protección de los datos personales, al margen de cualquier influencia política o del mismo poder.
La tendencia del nuevo modelo de transparencia propuesto por el actual gobierno de Morena, argumentando la “austeridad” es totalmente discutible, solo hay que analizar en el caso de Durango y lo que representaba el presupuesto del IDAIP, frente a lo aprobado para ejercer a nivel total.
El presupuesto del estado para el 2025 fue de 47 mil 761 millones de pesos, contra 26 millones de pesos que fue lo que el IDAIP solicitó y que no le fue autorizado, puesto que ya estaba en puerta la extinción, lo cual representa solamente el 0.055 del presupuesto total.
Según el decreto de aprobación sobre la extinción del IDAIP, en los transitorios, a diferencia de la decisión nacional, la dependencia encargada de llevar a cabo todo el proceso de liquidación es la Secretaría de finanzas y no la Contraloría.
El congreso tendrá un plazo, según los transitorios de sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los comisionados seguirán en funciones hasta que concluya la extinción del IDAIP, pero en el caso de los trabajadores se terminará la relación laboral con ese organismo el día de la publicación del decreto, por lo que se espera que en las próximas horas sean liquidados y solo permanezcan algunos en el carácter de “trabajadores transitorios”.
Con ello se consuma la desaparición del IDAIP, una gran pérdida para la sociedad.

*Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

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