Por: María de Lourdes López Salas

El acceso a la información debe dejar de ser un derecho enfocado solamente para un grupo selecto y minoritario de personas.

Este 28 de septiembre es el Día internacional del Acceso Universal a la Información, conocido también como el día internacional del derecho a saber instituido en el año de 2002, en Sofía, Bulgaria, durante un encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales de distintos países, que promovían el acceso a la información pública, entre los que se encontraba México.

El derecho a saber o de acceso universal a la información es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda; de igual manera, posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones.

Para esa fecha la Unesco realiza una serie de actividades enfocadas especialmente a la importancia del espacio en línea para el acceso a la información, en cuya conferencia internacional a celebrarse en Oxford, Inglaterra participará México a través de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI.

Los temas por tratar en la conferencia internacional se centrarán en la accesibilidad y conectividad de Internet como catalizadores del derecho a la información; el papel de los gobiernos, el Poder Judicial y los comisionados de información para garantizar el correcto funcionamiento de Internet, así como la necesidad de cooperación internacional en el fortalecimiento del acceso a la información para los derechos humanos y la realización de los objetivos de la Agenda 2030.

En México ya tenemos más dos décadas del ejercicio de este derecho, a partir de la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las adecuaciones legales para fortalecerlo han sido fundamentales para impulsar la apertura gubernamental, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En la actualidad, el cambio democrático en México no podría entenderse sin el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información, convertido en un factor determinante para poner en la vitrina pública y el escrutinio social el quehacer del poder político.

El fortalecimiento e impulso para el ejercicio del acceso a la información y el respeto al mismo no es producto de la magia, es el resultado de la convergencia de muchos actores identificados por su lucha desde la sociedad civil, la academia e incluso desde el mismo sector público hace más dos décadas.

A pesar de todo lo expuesto, aún existen rezagos en el ejercicio de este derecho humano, que cada vez se siente más amenazado en este país.

De ahí la importancia y la coincidencia con Samuel Bonilla Núñez, creador del programa Transparencia para Todos, que tiene como propósito fundamental es avanzar en el uso del acceso a la información a través de la utilidad y el aprovechamiento.

Lo anterior podría ser la vía para ampliar la cobertura del derecho a la información y deje de ser solamente para un grupo selecto o una élite de personas y en realidad sea utilizado por la sociedad, pero además que sea aprovechado.

Por lo anterior, se deben buscar mecanismo de colaboración para que en acciones coordinadas todos los actores involucrados realmente busquen que la sociedad conozca más este derecho, lo ejerza, le sea útil y sea aprovechado en la realidad social.

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