Por: María de Lourdes López Salas

El presupuesto de 499 millones de pesos al INAI garantizará una transición ordenada, mantener la operación del instituto hasta abril del 2025 y asegurar los derechos laborales de 759 trabajadores.

El periodo de funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, como órgano garate del derecho a saber se estima sea hasta el mes de abril del presente año.

Una vez publicado el decreto de extinción de los órganos constitucionales autónomos, los artículos transitorios le dan un plazo no mayor de 90 días naturales al congreso de la Unión para que emita la ley correspondiente a fin de que ahí se establezcan los nuevos mecanismos del ejercicio del derecho a la información y la protección de datos personales.

Mientras lo anterior sucede, la recién creada secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya se adelantó y emitió un reglamento interior donde se establece el nuevo organigrama de dicha dependencia.

Se crean áreas como las denominadas Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia y Dirección General de Transparencia, las cuales fueron oficialmente establecidas a través del reglamento interior publicado por la Secretaría el pasado 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo tanto, la desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción ha generado incertidumbre sobre cómo se garantizará el derecho a la información y la protección de datos personales en el futuro.

Como ya se expuso se espera que las leyes secundarias, que serán debatidas por el Congreso en las próximas semanas, arrojen mayor claridad sobre estos temas, porque no se tiene información al respecto.

Otro tema en el cual habrá que poner especial atención, es en el relativo al funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque aún cuando el INAI en la sesión extraordinaria de hace unos días a propuesta de la comisionada Julieta del Río Venegas, haya aprobado recursos para mantener la seguridad, no se sabe cómo la nueva secretaría Anticorrupción –que ya creó la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia- vaya a garantizar la seguridad de la PNT.

La Dirección General de Transparencia de la secretaría Anticorrupción según el reglamento interior, se encargará de gestionar los recursos de revisión y las solicitudes de información que sean tramitadas por los ciudadanos, asegurando supuestamente la continuidad en la atención a estos procesos fundamentales para la rendición de cuentas.

Sin embargo, es aventurado que se diga en un reglamento las funciones de la dirección general de Transparencia cuando ni siquiera se tiene la Ley secundaria que deberá aprobar el congreso de la Unión.

Lo que es una realidad es que en la medida en que avanza la desaparición del INAI, el país está entrando a una nueva etapa en materia de transparencia, con incertidumbre y expectativas sobre el impacto de las reformas que acompañarán la transición de esas funciones a la Secretaría Anticorrupción y la futura Agencia de Transformación Digital.

Por ello los ciudadanos deberemos estar atentos a las decisiones que se tomen en el próximo periodo legislativo, que sin duda son fundamentales para asegurar que se mantenga el acceso a la información pública y la protección de datos personales en México.

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