Por: María de Lourdes López Salas 

 «Rendir cuentas es también establecer un diálogo, abrir un puente de comunicación permanente, institucional, sin pretextos, entre funcionarios y ciudadanía», Andreas Schedler, politólogo.

La semana que recién concluyó, el Congreso del Estado de Durango terminó también de analizar, aprobar y rechazar el paquete de cuentas públicas de los ayuntamientos y del Gobierno estatal correspondiente al año anterior.
No debe perderse de vista que, en el año 2022, ocho meses de la cuenta pública le correspondieron a las administraciones salientes y el resto de los otros cuatro meses a las entrantes, es decir, hubo administración compartida.

Lo que es necesario analizar es lo que representa el análisis de las cuentas públicas, pero sobre todo las consecuencias y repercusiones de no haber aprobado dichas cuentas.

En el paquete de análisis de las Cuentas Públicas, uno de los estudios más esperados sin duda fue el del Estado, ya que comprendió ocho meses de la administración de José Rosas Aispuro Torres.

De acuerdo con el informe de resultados emitido por la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), el monto de las observaciones para la gestión de Rosas Aispuro equivale a dos mil 793 millones de pesos, los cuales deberán solventar en 20 días.

Dichas observaciones por más de dos mil millones de pesos no se cree que se vayan a solventar, dado que el exsecretario de Administración y Finanzas está prófugo y el anterior gobernador se encuentra amparado.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Fiscalización para el estado de Durango, señala con toda claridad el procedimiento que se deberá seguir la EASE en lo relativo a la revisión de la cuenta pública, que a la letra dice en uno de sus apartados: “Establecer la presunción de responsabilidades, el señalamiento de presuntos responsables y la estimación del monto de los daños y perjuicios, para efectos de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente”.

En este proceso de análisis de las cuentas públicas los legisladores también votaron en contra de aprobar a los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Nuevo Ideal; mientras que avalaron la de Durango capital.

Para el caso del Estado de Durango, ya se había advertido del quebranto financiero, sin embargo, en la revisión de la cuenta pública solamente del año 2022 en ocho meses se detectaron irregularidades en dos mil 793 millones de pesos.

Ante tal situación, no solo es necesario, sino que urge la revisión de la Ley de Fiscalización a fin de evitar que nuevamente haya un mal manejo de los recursos públicos, pero sobre todo que no prevalezca en el análisis de las cuentas pública, criterios políticos en lugar de los técnicos, como ya sucedió en este caso.

No se puede hacer a un lado la deficiente actuación que tuvo la anterior titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado que incumplió con su tarea debido a la cercanía que tuvo durante muchos años con el exmandatario estatal Aispuro.

La sociedad desconfía de las autoridades porque no realizan adecuadamente su labor, ya no es suficiente la transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que se demanda es una real y verdadera rendición de cuentas. Ante ello los legisladores tienen la palabra.

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