Por: María de Lourdes López Salas

Un grupo de ciberdelincuentes filtró una base de datos con información personal de 45,804 personas, incluyendo nombres, números telefónicos y RFC. La mayoría de los números corresponden al estado de Chiapas. Aunque se atribuyó inicialmente a AT&T México, se detectó que también pertenecen a otras compañías

Con el argumento de tener mayor seguridad en México e investigar a posibles criminales en el país, en junio del 2025 se aprobaron reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para obligar a todos los usuarios de líneas telefónicas a registrarlas de manera directa con las telefónicas.

Lo que la ley ordena a las empresas operadoras de telefonía móvil (como Telcel, AT&T, entre otras) a vincular la línea telefónica de las personas usuarias con su Clave Única de Registro de Población (CURP).

El plazo para hacerlo vencía el último día del mes de junio ya que, de no hacerlo, la compañía deshabilitará el servicio., sin embargo, debido al bajo número de registros ante las telefónicas ya se prevé una prórroga.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) según se anticipó la semana pasada va aprobar una extensión de 120 días al periodo establecido por el gobierno de México para que todos los teléfonos móviles en el país tengan un registro vinculado a una persona.

La medida se anunciará una vez que todavía hay más de 82 millones de líneas sin registro en el padrón, sin embargo, existe un serio problema en el proceso de registro.

Las empresas telefónicas, están llevando a cabo la vinculación de las líneas telefónicas de las personas que presuntamente hayan contratado un plan, ya que durante el proceso de contratación se proporcionaron los datos personales.

Ese proceso de las empresas de telefonía es ilegal ya que conforme la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se requiere el consentimiento para llevar a cabo el registro, situación que no se está efectuando por las citadas empresas.

El gran problema que se ha venido identificando desde que desapareció el órgano garante de la transparencia y la protección de datos personales, INAI, es que ni los sujetos obligados de la ley de protección de datos, ni los particulares, se han aplicado en fortalecer los mecanismos de seguridad en la protección.

El último caso registrado es el de una filtración de datos personales de 45 mil usuarios de AT&T en México, señalando que se trataría de residentes del estado de Chiapas, sin embargo, se habla de que habría más vulneraciones de otras empresas telefónicas, causadas por hackers.

Por esa desconfianza hacia las empresas, que también se extiende a las autoridades, es que no se están registrando las líneas telefónicas para vincularlas con la CURP y otros datos personales.

Aún cuando la finalidad sea combatir la inseguridad, la pregunta es y ¿quién garantiza entonces la seguridad de nuestros datos personales?

Así las cosas.

*Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UJED

Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.