Por: María de Lourdes López Salas

El acceso a la información es un derecho y no una concesión gubernamental, no se puede aceptar el abuso en la reserva de la información y para ello requerimos de un órgano que garantice el derecho que no depende del poder Ejecutivo: Pablo Gómez, diputado del PRD (2002) que respaldó la creación de la 1ª Ley de Transparencia en México.

Actuar con el sello de la congruencia es a veces muy difícil de lograrlo por parte de los seres humanos.

Resulta que el término Congruencia significa coincidir, convenir, encontrarse, por lo que es claro su significado: congruencia es coherencia, relación lógica o correspondencia entre lo que hablamos y lo que hacemos.

Ser congruentes no es una característica propia para la mayoría de la clase política, aunque hay sus honrosas excepciones.

Nicolás Maquiavelo, uno de los principales exponentes de la Ciencia Política, decía que la congruencia pública es muchas veces estratégica, pero no necesariamente es real.

Y es que resulta que en esa conveniencia actúan quienes buscan el poder, pues cuando llegan a detentarlo se les “olvida” sus posturas y exigencias a favor de la sociedad y actúen en contrario.

Ejemplos hay muchos, sin embargo, hoy solo abordaré sobre la exigencia de la transparencia y el derecho a la información, ya que en este país quienes hoy gobierno a nivel federal, siendo oposición exigieron, demandaron y respaldaron estos derechos, pero al llegar al poder su postura de respeto y exigencia desapareció.

Incluso hubo personajes de la izquierda mexicana hoy parte del gobierno y del sistema que impulsa Morena, como Pablo Gómez, Alejandro Encinas y hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador, sus posturas a favor de la transparencia y rendición de cuentas se esfumaron.

Lo que se ha venido registrado a partir de la desaparición de todos los órganos garantes de la transparencia en México, es que no hay una exigencia generalizada no solo para el cumplimiento de lo establecido en la ley, sino del funcionamiento de las autoridades garantes.

El ejemplo más cercano es el de Durango, porque luego de que se aprobó la nueva Ley de transparencia, el artículo 4° transitorio señaló que el proceso de liquidación del órgano garante local de transparencia dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada Decreto.

Para concretar ese proceso de liquidación del IDAIP, se debió crear un Comité de Transferencia conformado por los Comisionados, los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Técnica, el Órgano Interno de Control, de las Coordinaciones Administrativa, Jurídica y de Planeación todos del Instituto.

Lo desaseado de este proceso de liquidación del IDAIP es que no hay información de cómo va el proceso, ni como ha actuado dicho comité de transferencia ya que la Contraloría no ha proporcionado ningún dato, porque no hay interés de ningún sector porque el derecho a la información sea respetado.

Incluso, la página web del IDAIP ya fue suspendida (https://www.idaip.org.mx) pero se desconoce donde estará alojada toda la información que desde ahí se generó y que costó muchos millones de pesos durante los más de 20 años funcionamiento de dicho organismo.

Ese es el estado de cosas imperantes en la exigencia para que sea respetado el derecho a la información y la transparencia, que muchos políticos se llenan la boca para decir en el discurso que actúan con transparencia y apertura, cuando en la realidad no es así.

*Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UJED

Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.