Por: María de Lourdes López

La reforma a la Ley General de Transparencia, antecedida por la desaparición del INAI y posteriormente impactada por la reforma al Poder Judicial, pone en evidencia una planeación calculada que llevó al desmantelamiento de una estructura que durante muchos años garantizó la tutela del derecho de acceso a la información pública en México: Organización Artículo 19

La organización Artículo 19 en su representación de México, convocó al Conversatorio sobre “La judicialización de la transparencia en México: retos e implicaciones en el derecho a saber”, donde participaron su director Leopoldo Maldonado, Martha Tudón, Alejandra Rabasa, Mariana Calderón y Andrea Viloria de PROJUC.

El tema es por demás actual, cuando estamos frente a una de las peores etapas para el ejercicio de los derechos fundamentales en México, como lo es el derecho de acceso a la información y por ende la transparencia.

En el análisis realizado tanto en el Conversatorio como en el documento denominado “EL REDISEÑO Y LA JUDICIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO: Un antes y un después de la reforma en materia de transparencia de 2025”

Uno de los objetivos del estudio es ofrecer un análisis de los cambios entre el marco legal anterior y el vigente en materia de transparencia en México, haciendo énfasis en las principales implicaciones normativas, procedimentales y jurisdiccionales. El análisis busca documentar el impacto de la reforma en el ejercicio efectivo del derecho a saber, a partir de una revisión jurídica, estadística y práctica.

Lo que está documentado en el análisis son estadísticas que vale la pena destacar ya que es información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia en dos periodos “el primero, del 1° de agosto del 2024 al 31 de marzo del 2025 (antes de los cambios en la PNT) y el segundo, del 1°de abril del 2025 al 30 de noviembre del 2025. Estos períodos fueron seleccionados para poder realizar una comparativa en igual número de meses (8) antes y después de los cambios en la Ley General de Transparencia y modificaciones en la PNT”.

Lo anterior se precisa para que en análisis comparativo sea en el mismo periodo para que no haya duda, ni sesgos de los resultados.

Durante el período de agosto del 2024 al 31 de marzo del 2025 antes de los cambios en la Plataforma Nacional fueron recibidas 582,415 solicitudes de acceso a la información, de las cuales fueron desechadas 7,529, es decir, el 1.29%.

Mientras que en el ciclo del 1°de abril del 2025 al 30 de noviembre del 2025 después de los cambios en la Legislación fueron realizadas 451,082 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales fueron desechadas 16,340 (3.62%).

Lo que revela el estudio es que en un mismo periodo disminuyó el número de solicitudes, pero además se incrementó al doble las solicitudes desechadas, destacando por supuesto las del periodo donde ya había desaparecido el INAI y Transparencia para el Pueblo entró en su lugar, pero con resultados nada positivos.

La investigación de Artículo 19, es reveladora en cuanto a que en México presenta un retroceso en el ejercicio del derecho a la información, aunado a lo anterior el actual modelo que involucra al Poder Judicial para resolver inconformidades por la vía del amparo deja en “estado de indefensión de los usuarios”.

Así las cosas.

*Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UJED

Twitter @lululopezsalas. Instagram @LourdesLópezSalas.