Por: María de Lourdes López Salas

La demanda por la rendición de cuentas, la demanda por hacer transparentes hechos y razones surge por la opacidad del poder: Andreas Schedler

Hace unos días, el Congreso del Estado de Durango inició con el proceso de análisis y revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio anual del 2022, que incluye a las autoridades municipales, del Estado y los órganos constitucionales autónomos.

Ese procedimiento es el resultado del manejo de las finanzas públicas durante el año anterior, mediante el cual las autoridades deben rendir cuentas del uso y destino de los dineros públicos.

Pero como lo sostiene el académico Andreas Schedler, en un mundo de completa transparencia no tendría sentido molestar a los políticos con preguntas sobre qué han estado haciendo o planeando y por qué.

Sin embargo, en este país el gran problema es que se requieren mecanismos legales para rendir cuentas, siendo la transparencia en una herramienta para el impulso de dicha rendición de cuentas.

La presentación de la cuenta pública anual es otra obligación que tienen las autoridades para informar en este caso a los diputados, si los dineros asignados se utilizaron correctamente.

En la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se inició el análisis de los informes correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2022, y de acuerdo con los primeros reportes de 27 municipios revisados, por lo menos 12 no pasaron la prueba y fueron votados en contra, por lo tanto rechazados.

Independientemente de la gravedad de las irregularidades, el punto en este caso es que el año pasado concluyeron sus actividades los alcaldes a los que les tocó ejercer el presupuesto de ocho meses del 2022 y por lo tanto se les tendrá que llamar a cuentas.

Entre las inconsistencias encontradas destacan la compra de despensas donde no se solventó el gasto, además de creación de eventos sin justificar el recurso utilizado.

Lo interesante en este proceso de rendición de cuentas es saber cuál será la postura que asuman los legisladores con relación a la cuenta pública del Estado frente a los señalamientos existentes en contra del exgobernador por el mal manejo de los dineros públicos.

Ante estas circunstancias, es el momento para que los legisladores lleven a cabo la reforma a la Ley de fiscalización que tanto han señalado para que los funcionarios cumplan a cabalidad con el uso de los recursos públicos, rindan cuentas durante el año fiscal y no solo hasta que ya concluyó y sobre todo que se apliquen sanciones a las instancias a las cuales no se les aprueben sus cuentas públicas.

Porque como bien lo dice el doctor Mauricio Merino, mientras en este país no se apliquen sanciones y haya consecuencias en contra de quienes no usen correctamente los dineros o cometan actos de corrupción, seguiremos en el país o en el estado de “no pasa nada”. Así las cosas.

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