Por: María de Lourdes López Salas

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió a 263 organizaciones que denunciaron la regresión del derecho a la información, la vulneración del principio de máxima publicidad y solicitaron que se establezcan mecanismos efectivos de participación ciudadana en la transición al nuevo modelo en México.

Al reformarse la Constitución y emitir una nueva Ley General de Transparencia, aunque se diga lo contrario hay elementos sustanciales que representan una regresión o peligro de desaparecer, como sucedió con los órganos garantes de la transparencia.

México en el año 2011 se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), presentado el primer Plan de Acción en septiembre de ese mismo año, que incorporó 14 compromisos creados en conjunto entre la sociedad civil, el entonces gobierno de la república y el órgano garante de la transparencia llamado Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, IFAI.

Lo anterior fue un paso importante en la adopción del enfoque de Gobierno Abierto en México y sentó las bases para futuras acciones en este ámbito, teniendo como objetivos promover el uso del derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el uso de las tecnologías de información para crear políticas públicas que tengan beneficios colectivos.

El fortalecimiento del modelo de Gobierno Abierto se da en nuestro país a partir de que en la Ley General de Transparencia aprobada en el año 2015, se incluyó en el texto un capítulo específico sobre el tema el cual especificaba en el artículo 59 lo siguiente: Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

Sin embargo, la ley vigente aprobada este año del 2025 desaparece el modelo de Gobierno Abierto y para rebautizarlo como “Apertura Institucional”, donde por supuesto que ya no existen órganos garantes sino “autoridades garantes”.

En la ley actual y vigente señala el artículo 53: Las Autoridades garantes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la construcción e implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura institucional.

Además, incorpora un apartado denominado “Transparencia con sentido social”, mencionando en el artículo 54: Los sujetos obligados, en el ámbito de su competencia, en materia de apertura deben: Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de transparencia con sentido social, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y el aprovechamiento de la tecnología que privilegie su diseño centrado en el usuario.

Con las nuevas disposiciones legales, la denominación de Gobierno Abierto ya no existe y se rebautiza como “Apertura Institucional”, que al final de cuentas es la misma “gata, pero revolcada”, pero la intención es borrar el término atribuible a la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Parnership) impulsada en su momento por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Así las cosas.

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