Por: María de Lourdes López Salas

La Transparencia es uno de los ejercicios más emblemáticos de la vigilancia ciudadana. Sin ella, no puede haber rendición de cuentas, ni control democrático del poder, ni legitimidad en el ejercicio de la función pública: Gilberto Tinajero Díaz, secretario de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Hace apenas unos días el grupo denominado “Compromiso Jalisco” integrado por 40 ciudadanos comprometidos con la democracia, el respecto a los derechos y la participación ciudadana presentaron ante el congreso de Jalisco una iniciativa de Ley de Transparencia que fue construida durante 6 meses a través de un análisis con expertos en el tema.

De ahí la importancia que quienes detentan el poder público, escuchen y tomen en consideración las propuestas de la sociedad de manera especial en el ejercicio de derecho a la información.

La construcción de las leyes locales de transparencia para homologarla a la General no puede ni debe quedarse solo en un ejercicio de “copiar y pegar”, cada entidad debe incluir aspectos que le sean funcionales a su realidad y sobre todo incluir aspectos de avanzada como ha sucedido en el pasado.

El caso de Jalisco es emblemático, por el compromiso que tiene un sector de la sociedad civil y la academia que han impulsado desde hace poco más de dos décadas contar con propuestas vanguardistas en materia de transparencia.

La participación ciudadana debería ser activa, como lo considera el doctor Guillermo Cejudo, y no quedarse solamente en una postura consultiva ya que se deber involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas.

En ese sentido, la construcción de la nueva Ley de Transparencia en Durango debería tomar estos ejemplos de participación y los legisladores llamar a una consulta ciudadana, ya que de acuerdo con la iniciativa del grupo Parlamentario del PRI de esa ley, existen aspectos que deben analizarse a mayor profundidad.

Hay un apartado que debe revisarse de dicha iniciativa es el relativo a la integración del Comité de Transparencia en el artículo 35 que señala que, para el caso de la Administración Pública Estatal, estarán conformados por: La persona responsable del área coordinadora de archivos o equivalente, quien lo presidirá; la persona responsable de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como secretario; y la persona titular del Órgano Interno de Control u homólogo.

En ese caso, no hay una explicación de las razones por las cuales el titular de los archivos sea quien presida el Comité de Transparencia, ya que no en todos los casos quien encabeza esa área tiene la experiencia en tema de transparencia, derecho a la información, rendición de cuentas.

Si se requiere de un mayor análisis porque no debe de perderse de vista que el comité de Transparencia tiene bajo su responsabilidad de supervisar acciones y procedimientos en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.

Aunado a lo anterior también tiene como facultad confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o incompetencia, entre otras acciones.

Por ello se requiere de un análisis a profundidad en la construcción de la Ley de Transparencia.

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