Por: María de Lourdes López Salas

“Los mexicanos no se han apropiado del derecho a saber o derecho de acceso a la información pública, pues no consideran que dicha garantía les sirva para su vida cotidiana. Por tal motivo, este ha sido un factor clave que ha facilitado la inminente desaparición”, Dr. Ernesto Villanueva Villanueva

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales como parte de los derechos fundamentales en nuestro país no serán tocados en las reformas constitucionales que se pretenden aplicar en breve en la cámara de diputados y senadores.

Desde la anterior gestión del gobierno federal, las baterías se enfocaron de la desaparición del órgano garante de la transparencia, ya que le resulta incómodo al poder público.

Por lo anterior, el modelo de fortalecimiento a la democracia en México, impulsado incluso por partidos opositores al partido gobernante en ese momento, incluidos quienes hoy son gobierno, se crearon los pesos y contrapesos a fin de reducirle el poder a una sola persona.

Lo anterior sería un paso natural para continuar con la creación y conformación de instituciones para que el sistema democrático continuara en esa ruta de fortalecimiento, sin embargo, estamos viendo que en el actual modelo no es así.

Una de las exigencias en ese contexto fue que el órgano que garantizara el derecho a la información se convirtiera en un órgano autónomo e imparcial a fin de evitar que desde el poder público existiera intromisión para no cumplir con el citado derecho.

Sin duda, ese fue un gran logro plasmado en la constitución en el año del 2014, el cual está a punto de desaparecer e integrar el INAI a una institución pública como ya se ha mencionado a la naciente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Lo anterior se traduce en que el gobierno se convierte en juez y parte para la solución de alguna inconformidad ante la falta de garantía del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales.

Por ello será importante estar atentos no solo a la reforma constitucional que desaparece a los órganos constitucionales autónomos, sino en la reforma a la Ley General de Transparencia.

La lógica es que dentro de las reformas a la ley general de Transparencia estarán definidos los pasos y procedimientos que se deberán seguir ante la falta de respuesta de algún sujeto obligado o por la falta de transparencia o de la protección de datos personales.

Es necesario no perder de vista lo que apuntamos la semana pasada, en el sentido que luego de publicado el decreto que desaparece al INAI, el Congreso de la Unión

tendrá un plazo de 90 días naturales para realizar adecuaciones a las leyes para dar cumplimiento.

Situación que también involucra a los congresos locales, ya que el artículo 4° transitorio les da a las legislaturas locales también 90 días naturales para homologar sus leyes.

De ahí la importancia de estar atentos para conocer cómo quedaría la nueva ley, debido a varios aspectos que no están del todo claros como es el caso de los datos personales en posesión de los particulares, por ejemplo.

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