Por: María de Lourdes López Salas

La demanda de sacar a la luz pública lo que poseen y gastan los partidos, así como la manera en que toman decisiones sobre sus distintas actividades y estrategias sigue interesando fundamentalmente a los expertos, a la prensa y a sus propios militantes: Jaqueline Peschard, excomisionada del IFAI-INAI 2006

En la reforma a la Constitución del 2014 al artículo 6° en materia de acceso a la información, se tuvieron grandes logros luego de una demanda social, sobre todo con la incorporación de nuevos sujetos obligados para transparentar el ejercicio público y proporcionar información.

Es así como se incorporaron a los partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y el derecho a la información.

Haber integrado a los partidos políticos sobre todo como sujetos obligados fue de gran impacto ya que, ante la resistencia de los dirigentes partidistas, los legisladores de todos los partidos políticos incluidos los que hoy gobiernan aprobaron la incorporación como sujetos obligados.

Los órganos garantes de la transparencia tanto nivel nacional como local, asumieron un papel destacado emitiendo resoluciones que obligaban a los institutos políticos a rendir cuentas, transparentar los recursos públicos y proporcionar información.

Sin embargo, ahora con la reciente reforma a la Constitución al artículo 6° en materia de transparencia, aprobada en diciembre pasado, con la desaparición de los órganos garantes nacional (INAI) y los locales, quedó en manos de los institutos electorales nacional y locales la responsabilidad de resolver todo lo relativo a la garantía del derecho a la información y la transparencia.

Al extinguirse el INAI hace unos días, el Instituto Nacional Electoral, aprobó en la sesión del sábado pasado la reestructuración en materia de transparencia y protección de datos personales de los partidos políticos.

Lo que contemplo el INE es que el Órgano Interno de Control (OIC) será la autoridad garante respecto de información sobre el INE y como sujeto obligado y, el Consejo General, como autoridad garante respecto a los partidos políticos nacionales. 

Por lo tanto, será el OIC del INE el responsable de recibir, sustanciar y resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la información y ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), cuya resolución será vinculatoria, definitiva e inatacable para el instituto.

La nueva autoridad garante de transparencia y protección de datos personales para partidos políticos nacionales deberá tutelar, conocer y garantizar que éstos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información que generan y detentan, así como el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales.

Por lo tanto, el INE, deber tomar decisiones que estén apegadas a los principios que rigen la función electoral, así como en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

De este modo, el INE realizará sus funciones de autoridad garante a través de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Vamos a ver si en la realidad esto se cumple.

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