Por: María de Lourdes López Salas

Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación general: Decreto de aprobación para desaparecer los órganos constitucionales autónomos.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo del presente año quedó publicada la Ley General de Transparencia, luego de que el 20 de diciembre del 2024 se aprobó por el congreso federal las reformas a la Constitución que dio paso a la desaparición del órgano constitucional autónomo de la transparencia, mejor conocido como INAI.

La reforma constitucional mencionada estableció en su artículo cuarto transitorio que: “Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el artículo Segundo transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme al presente Decreto”.

De acuerdo con lo anterior la Ley General se publicó el 20 de marzo, por lo que las legislaturas de las entidades federativas tendrían como plazo fatal para aprobar la ley local el 20 de junio del presente año.

En el caso de Durango, lo que se tiene conocimiento es que en el congreso del estado se ha venido trabajando en la elaboración de la legislación local, sin embargo, hasta este momento no se conoce el documento final sobre la ley y su contenido.

Lo que es una realidad es que la legislatura local, aprobó el decreto para la desaparición del órgano garante local de la transparencia, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, de lo que derivó que parte del personal haya sido liquidado quedando el mínimo para el funcionamiento donde se incluyen a los 3 comisionados de los cuales no se sabe cual es la actividad que están desarrollando.

Los temas que son necesarios ponerles especial atención para saber cómo quedarán plasmados en la ley son los siguientes a mi juicio:

1.- El mecanismo e instrumentación que se aplicará para que las facultades, competencias y funciones desarrolladas por el IDAIP, pasen a la instancia estatal homóloga a Transparencia para el Pueblo que en este caso es la Secretaría de la Contraloría, ya que será la responsable de garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales de las dependencias estatales.

2.- El plazo que se otorgará para que los otros poderes (Legislativo y Judicial), los órganos constitucionales autónomos y la autoridad laboral estén en condiciones de crear la instancia que garantice los dos derechos.

3.- No hay claridad en cómo los municipios y las universidades o instituciones de educación superior públicas garantizarán el derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales.

Estos son solo algunas de las interrogantes que se espera estén aclaradas en la legislación local y que no sea solamente un “copiar y pegar” de la legislación general ya que cada entidad federativa tiene su propia realidad y se debe basar en la experiencia estatal.

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