Por: María de Lourdes López Salas

Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que solo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto: Sarahí Salvatierra, Fundar México.

En continuación con lo dado a conocer por el gobierno de la República a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sobre que será el gobierno federal el que va a garantizar el derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales, es necesario hacer más reflexiones.

En la presentación a través de diapositivas de Raquel Buenrostro, llama la atención lo relativo a la instancia que le corresponderá resolver cuando haya un recurso de impugnación.

Frente a ello, es indispensable explicar que en México durante dos décadas se luchó por que una instancia ajena al gobierno resolviera las inconformidades de cualquier persona, cuando una autoridad no le entregare, le entregare incompleta la información o no correspondiera la solicitada a través del derecho de acceso.

Por lo tanto, la Constitución en el 2014 se reformó para crear el órgano constitucional autónomo para garantizarle a la sociedad la entrega de la información y era precisamente ante ese organismo llamado INAI, ante el cual se presentaban los recursos de impugnación, es decir, la inconformidad si el solicitante no estaba conforme.
Para lo anterior, no se necesitaba ni ser experto en el tema, ni tener un abogado, ni saber sobre el derecho a la información.

Hoy, con la reforma, lo que Raquel Buenrostro dio a conocer es que antes el particular podría impugnar resoluciones locales ante el INAI, y la propuesta para reformar la Ley General de Trasparencia del gobierno federal es que “los particulares podrán impugnar resoluciones locales relativas a recursos federales ante Buen Gobierno (Art. 134 Constitucional) (SIC)”.

Desde la semana pasada, se está a la espera de conocer la propuesta de reformas a las Leyes que mencionó la funcionaria federal, sin embargo, hasta el momento no han llegado al Congreso de la Unión, ya que es fundamental que los interesados en el tema analicemos los términos.

Por otro lado, si ese procedimiento se aplicara en las entidades federativas, estaríamos especulando que serán las secretarías similares de Anticorrupción de los estados las responsables de analizar la procedencia o no de los recursos de inconformidad por la falta de entrega de información.

Aunado a lo anterior, también es necesario poner atención en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que eran los órganos garantes (el nacional y los locales) los que verificaban de manera trimestral dicho cumplimiento de los sujetos obligados.

Tampoco se sabe este apartado como quedará porque la información de las obligades de transparencia de sujetos obligados federales, estatales, municipales, órganos autónomos, sindicados, partidos políticos y universidades públicas, se localiza en la Plataforma Nacional de Transparencia que como se ha dicho quedará en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por lo tanto, la pregunta es ¿será la dependencia federal la que verificará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados de todos los niveles?, o como se ha dicho eso también recaerá en sus similares de los estados, aún no lo sabemos.

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