Un total de 34 extrabajadores de la Secretaría de Bienestar denunció públicamente diversos actos de corrupción, por lo que exigían que se les regresara a su trabajo, del cual consideraron fueron despedidos injustificadamente. Sin embargo, seis fueron denunciados por motín y despojo.

Ante lo cual se asesoraron con dos abogados, María de Jesús Galarza y Juan Francisco Morales Soto, mismos que lograron que el juez no los vinculara a proceso y los liberaron de todos los cargos en su contra. 

Morales Soto mencionó que pudieron sustentar que «no se saboteó, ni se afectó la vida económica del país, ni el despojo del bien inmueble, pues únicamente fue el derecho a la manifestación que tuvieron sus representados».