En los tres meses y medio del primer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, uno de los legisladores federales con más alta productividad legislativa fue la diputada por Durango, Celeste Sánchez Romero, quien presentó cinco iniciativas de reforma legal, muy superior al promedio de 1.3 del conjunto de los 500 parlamentarios.
La parlamentaria duranguense -quien asistió al 100 por ciento de las sesiones legislativas- presentó además dentro de su trabajo congresal tres proposiciones con punto de acuerdo y fue una activa gestora a favor del presupuesto federal para Durango cuya inversión total en 2022 será de 54 mil 882 millones de pesos -que incluye la totalidad del gasto programable, entre el que se encuentra el Gasto Federalizado que será de 30 mil 922 millones-, inversiones inéditas para nuestra entidad y que desmienten las voces corifeas opositoras.
La legisladora del Partido del Trabajo, Celeste Sánchez Romero, explicó que las cinco iniciativas presentadas como iniciadora, sin contabilizar a las que se adhirió y que se presentaron en conjunto con el Grupo Parlamentario al que pertenece, son:
1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 61 Y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que propone establecer que las instituciones de crédito deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de aquellas cuentas que no han registrado algún movimiento en un plazo de 3 años, así como montos que mantienen, previo a enviarlas a la cuenta global, con el fin de que esos recursos no se los queden los bancos y aseguren su destino al patrimonio de la beneficencia pública y se apliquen en forma preferente a la rehabilitación de personas con adicciones.
2.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Programa de Alimentación Escolar para el Bienestar que impactaría a favor de la alimentación escolar en las escuelas de nivel básico de todo el territorio nacional.
3.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3, fracción II, inciso e), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley General de Educación en donde se propone garantizar la alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de tres años.
4.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Ley de Federal de Sanidad Vegetal, y Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de agroquímicos peligrosos y que propone prohibir el uso de agroquímicos como plaguicidas peligrosos que representen un peligro para la salud y el cuidado del medio ambiente, estableciendo las reformas a la legislación aplicable para que eliminar la posibilidad de su aplicación en alimentos para el consumo humano, en armonía con lo establecido por el artículo Quinto del Decreto presidencial del 31 de enero de 2020.
5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de etiquetado de organismos genéticamente modificados (OGMs) transgénicos y que busca proteger la salud de las personas, por lo que se propone establecer un etiquetado de los productos transgénicos garantizando los derechos del consumidor en saber, elegir y decidir sobre los alimentos que consumen.
Finalmente, la legisladora federal del PT dio a conocer que en el siguiente periodo ordinario de sesiones trabajará intensamente para consensuar entre los distintos grupos parlamentarios, que estas iniciativas se dictaminen en las comisiones correspondientes, pasen al pleno y en su caso sean sometidas a la aprobación del parlamento federal, además de la continuidad del trabajo legislativo con su agenda propia y de impulso a la Cuarta Transformación (4T) en la construcción de un marco legal a favor de los intereses más genuinos del pueblo de México.