La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Durango emitió un posicionamiento en el que afirma que la reciente movilización de fuerzas federales en el estado representa una oportunidad para visibilizar y atender un problema que, asegura, ha permanecido silenciado durante años: el despojo y la transferencia forzada de bienes, derivado de la cooptación institucional y el debilitamiento del Estado de derecho.

El organismo empresarial señala que sectores como el comercio, la ganadería, la actividad forestal, minera, agrícola y el transporte han sido afectados por prácticas de presión para enajenar bienes, terrenos, productos y propiedades en condiciones desfavorables, además de la asignación de ingresos y utilidades a grupos ajenos.

COPARMEX sostiene que el despojo de propiedades y las ventas realizadas bajo amenazas no solo constituyen delitos graves, sino que también deterioran la confianza empresarial y frenan el desarrollo económico, al generar incertidumbre sobre la protección de la propiedad privada.

Ante este escenario, el organismo hizo un llamado a la sociedad civil organizada, cámaras empresariales, organismos ciudadanos y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del Estado de derecho, el trabajo lícito y el patrimonio familiar.

Asimismo, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a diseñar mecanismos que permitan recuperar el Estado de derecho, fortalecer las denuncias seguras y confidenciales, y establecer esquemas confiables de protección para las víctimas.

De igual forma, pidió a las instituciones del Estado abrir mesas de diálogo que permitan restituir los bienes a sus legítimos propietarios y garantizar que la aplicación de la ley sea una realidad.

En el documento, firmado por Francisco Esparza Martell, presidente de COPARMEX Durango, el organismo concluye que “las sociedades prosperan cuando la ley es más fuerte que el miedo” y reitera su compromiso de impulsar la justicia, la seguridad y la certeza jurídica para todos los duranguenses.