La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance fundamental para la seguridad económica del país, especialmente para las MiPyMEs, afirmó COPARMEX. La organización empresarial reconoció que esta nueva legislación responde a una demanda urgente para frenar un delito que afecta directamente a comercios, transportistas y empresas de todos los tamaños.

Ley contra la extorsión, avance clave para proteger MiPyMEs

COPARMEX destacó que la extorsión es uno de los delitos con mayor impacto en la actividad productiva y en la estabilidad social, por lo que contar con una ley homogénea, con criterios claros y sanciones más severas, es indispensable para proteger a las MiPyMEs. La Confederación insistió en que las Fiscalías y Secretarías de Seguridad deben contar con presupuesto, infraestructura y legislación armonizada para aplicar correctamente esta norma.

La organización empresarial advirtió que el 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades. Aunque esta cifra negra no se contabiliza en las estadísticas oficiales, los datos registrados muestran que cada día 31.3 personas denuncian ser víctimas de este delito. Tan solo en 2024, las pérdidas económicas superaron los 21 mil millones de pesos, sin desglosar el daño exclusivo a las MiPyMEs.

Extorsión y su impacto económico en empresas mexicanas

Con base en #DataCOPARMEX, el 12.8% de sus empresas socias ha sido víctima de extorsión, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%). Este ambiente de inseguridad influye directamente en decisiones de inversión, ya que casi el 50% de los afiliados considera que la violencia es el principal obstáculo para crecer.

COPARMEX subrayó que la nueva ley incluye sanciones que van de 15 a 20 años de prisión, y hasta 30 en casos agravados. También penaliza con mayor severidad a servidores públicos involucrados en estos delitos, con hasta un tercio más de pena e inhabilitación. Esta medida es clave para evitar la operación de redes delictivas que utilizan información interna o apoyo institucional.

La ley incorpora mecanismos de protección reforzada a víctimas, como resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas, además de una perspectiva de género en la atención. También exige la instalación de inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios, medida urgente debido a que una parte significativa de la extorsión proviene de estos centros.

Para las MiPyMEs, motor económico del país, la ley representa una herramienta que puede brindar certeza, frenar cobros ilícitos y fortalecer condiciones para invertir, operar y crecer sin presiones criminales.

COPARMEX reiteró su disposición a colaborar con autoridades para garantizar una reglamentación clara, eficaz y respetuosa de los derechos humanos.

Por: Mónica Haro