• Los gobiernos estatal y municipal, le han quedado a deber a la ciudadanía

La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado tiene por objetivo responsabilizar a las corporaciones por las violaciones a los derechos humanos que cometan los policías, garantizando la indemnización correspondiente a las víctimas, destacó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.

“Sabemos que las debilidades del sistema de justicia, la casi absoluta impunidad y la mala preparación de la policía, son una mezcla peligrosa que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean una realidad cotidiana que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos”, resaltó durante la sesión ordinaria.

Por ello, al realizar la ampliación de motivos de la iniciativa, consideró importante reflexionar sobre el actuar de las instituciones de seguridad pública y de los funcionarios que las dirigen, los cuales evidentemente están ocupados por promocionar su imagen pública.

“El gobierno estatal y municipal, le han quedado a deber a la ciudadanía, no presentan resultados visibles”, destacó Amaya Rosales a nombre de la coalición “Cuarta Transformación”.

En este sentido, explicó que el deber de funcionarias y funcionarios públicos siempre será velar por la protección de las víctimas.