El 70.5 por ciento de los duranguenses están decepcionados de la efectividad del Gobierno local para resolver los principales problemas que se registran.

El Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), documentó esto en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en donde se muestra la percepción de la población sobre la efectividad del Gobierno.

Tras la encuesta, que cabe mencionar se levantó en la ciudad de Durango, se determinó que el 29.5 por ciento de la población, de 18 años en adelante, consideró efectivo al Gobierno local.

Esto significa que más del 70 por ciento opinó lo contrario; no ha sido efectiva la respuesta de su Gobierno a los problemas que más les afectan.

La estadística es similar a nivel nacional, ya que el porcentaje de la población de 18 años y más que consideró al Gobierno «muy o algo efectivo», fue 29.4 por ciento.

La encuesta se levantó por el Inegi en la primera quincena de marzo pasado, y la pregunta que reveló la poca confianza de la ciudadanía en el Gobierno fue ¿Qué tan efectivo ha sido el Gobierno de su ciudad para resolver estos problemas?

Las opciones de respuesta fueron: Muy efectivo, algo efectivo, poco efectivo, nada efectivo, no sabe/no responde.

¿Cuáles son los principales problemas que no resuelven?

El Inegi reveló que el principal problema señalado fueron los baches en calles y avenidas; el 74.1 por ciento de los encuestados indicó esto.

El segundo problema más indicado fue alumbrado público insuficiente, con 57.3 por ciento de los entrevistados.

En tanto que la inseguridad, reflejada en robos, extorsiones, fraudes, secuestros, ocuparon el tercer lugar, al ser mencionado por el 56.7 por ciento de las personas.

Las fallas y fugas en el suministro de agua potable también se señalaron con gran incidencia, por lo que se colaron al cuarto problema más registrado. Los indicaron 50.3 por ciento de los encuestados.

En el quinto sitio se encontró una condición presentada en el contexto de la pandemia, se trata de los hospitales saturados o con servicio deficiente.

Respecto a la inseguridad, la percepción social sobre ésta, la encuesta documentó que 40.2 por ciento de los entrevistados consideró que es insegura la ciudad. Ésta se levantó en Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Mostró una disminución de 2.9 por ciento en comparación con la percepción de inseguridad que se tenía en diciembre de 2020, fecha en la que 43.1 por ciento de los duranguenses consideraba inseguro el lugar donde vive.

Los lugares más inseguros 

Pero, ¿Cuáles son los espacios en los que la población es más vulnerable a la inseguridad? En primer lugar se encuentran los cajeros automáticos.

El 78.4 por ciento de las personas siente inseguridad cuando se ubican en la vía pública, los otros sitios son el transporte público, en donde el 71.2 por ciento indicó que teme por su seguridad; el banco fue mencionado por el 63.4 por ciento de personas y 59.2 por ciento dijo que las calles que habitualmente transita.

Cabe mencionar que la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres, con 71 por ciento; mientras que en hombres, fue de 60.9 por ciento.

La ENSU permitió conocer que el pronóstico de la población sobre la inseguridad para los próximos meses, no es alentador.

Esto debido a que el 35.8 por ciento de las personas entrevistadas, consideró que en los próximos 12 meses la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal.

El Inegi, explicó en la publicación de la encuesta, que este comportamiento significa un incremento de 1.3 por ciento en la percepción de inseguridad, respecto a marzo del año pasado, y un aumento de 2.5 por ciento con relación a diciembre de 2020.

Y es que, durante el primer trimestre de 2021, las personas fueron testigos de diversas formas de delito, por ejemplo robos o asaltos, el 52.7 por ciento indicó haber presenciado éstos. El 38.8 por ciento escuchó disparos frecuentes de armas; asimismo el 38.1 por ciento presenció venta o consumo de drogas; pandillerismo o bandas violentas un 26.1 por ciento.

También se mencionó la existencia de tomas irregulares de luz, así como robo o venta ilegal de gasolina o diésel, en un 3.3 por ciento.