En los últimos 17 años México ha mantenido una deuda que parece incansable con las personas desaparecidas, al no otorgar a sus familias la certeza de su localización, pues desde que en diciembre de 2006 el ex presidente Felipe Calderón lanzó la denominada guerra contra el narcotráfico, el país quedó en llamas y sigue ardiendo tres sexenios después.

En Durango la situación no es diferente. De acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación desde el 1 de enero de 2006 hasta el 29 de julio de 2023 se tiene el registro de 3 mil 474 personas de las que no se cuenta rastro de su paradero, de los cuales 2 mil 47 son hombres, mil 422 son mujeres y 5 permanecen como no indeterminados.

Los municipios que encabezan el mayor número de reportes con desaparición y no localización de personas son Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Mezquital, Santiago Papasquiaro, Cuencamé, San Dimas, Canatlán y Guadalupe Victoria.

En el periodo 2006 a 2023 la base de datos del RNPDNO también contempla la desaparición o no localización de personas con nacionalidad extranjera, principalmente originarios de Guatemala (7), Estados Unidos (6), Nicaragua (4), Honduras (3), Colombia (3), Venezuela (2), Perú (1), Mónaco (1) y Camboya (1).

En esta deuda dolorosa para las familias de las personas desaparecidas la injusticia pareciera ser una constante de parte de las autoridades locales y federales pues, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a inicios de junio pasado que el presupuesto pasó de 6 millones 823 mil pesos en 2018 a mil 97 millones 234 mil pesos en 2023, no se han visibilizado los resultados de dicho incremento al presupuesto.

“A nivel federal, estamos haciendo un trabajo como nunca se había hecho en esta materia. Nunca se había llevado a cabo una acción de búsqueda de desaparecidos como ahora. No hemos descuidado y vamos a seguir ayudando, apoyando a familiares de víctimas, a quienes están buscando a sus familiares desaparecidos. (…) Hemos destinado más presupuesto, pero muchísimo más que en otros tiempos. En otros sexenios no había ni siquiera un plan”, dijo el presidente.

Silvia Ortiz, vocera de Grupo VIDA, uno de los colectivos más incisivos en la búsqueda de personas desaparecidas que radica en Torreón, Coahuila, ha buscado reunirse en constantes ocasiones con los mandatarios de la actual y anterior administración, aunque no ha logrado ser escuchada sobre la urgencia con la que se tiene que atender un delito de lesa humanidad.

“No hay un compromiso real para asignar un área específica para el trabajo. Hemos ido caminando lentamente y nos dijeron que (la Ministerio Público) iba a estar encargada de esta área de desaparecidos, pero no es cierto, porque se desempeña en diversas áreas.

Abren la supuesta unidad que debe ser específicamente de desaparecidos, y no, porque ponen el área de desaparecidos, trata de personas y secuestro en la misma coordinación. Eso no debe ser así porque la ley contempla que la unidad debe ser únicamente para el área de desaparecidos”.

Ortiz, se ha convertido en buscadora de personas tras la desaparición de su hija Fanny Sánchez-Viesca en noviembre de 2004 en Torreón. Desde entonces junto a otras familias de la Laguna fundó Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (V.I.D.A) con el objetivo de encontrar a personas desaparecidas.

Los reportes de desaparición que tiene de por lo menos 110 personas en Durango la han llevado a realizar búsquedas en Tlahualilo, Gómez Palacio, Lerdo, Durango y recientemente en el Mezquital. El trabajo que desempeñan en campo debe ser multidisciplinario porque requieren del apoyo de policías capacitados en búsqueda, Ministerios Públicos, antropólogos y peritos forenses.

Sin embargo, la falta de personal capacitado en Durango ha impedido continuar con las búsquedas para la obtención de resultados.

“En la Comarca Lagunera seguimos con un solo Ministerio Público que a veces cuenta con policías y otras no.  Cuando van las familias de personas desaparecidas de la Laguna encuentran con que tiene una alta demanda de trabajo y se complica realizar las diligencias correspondientes a su trabajo, por lo que son las mismas familias que están entregando los trabajos de búsqueda.

Entendemos que para tener más Ministerios Públicos debe tener más presupuesto, pero también desde el gobernador anterior (José Rosas Aispuro Torres) y las actuales autoridades locales, nunca hemos tenido un acercamiento real donde se pueda llegar a acuerdos y se designe un presupuesto específico para atender ese delito considerado de lesa humanidad y que no lo está atendiendo así el gobierno del Estado.

No sé ni como describir a un estado arcaico, porque parece que están en la edad de piedra, todavía. Un Estado que no está completamente comprometido con su ciudadanía, que tiene miedo y que no sé cómo están sobreviviendo sus ciudadanos con autoridades que no ven las problemáticas inmediatas que tienen. El reclamo es que escuchen, que nos atiendan, porque nadie de los desaparecidos pidió ser desaparecido. Las autoridades tienen que cumplir con ellos, es su obligación y no lo están haciendo”.

En abril de este año integrantes del Grupo Vida hicieron una expedición de tres días en un centro recreativo en la sierra de Mezquital. Los resultados de la búsqueda fueron restos humanos, casquillos percutidos y rastros de sangre:

“Las búsquedas en campo las hicimos en abril de este año en el Mezquital, donde tuvimos presencia como búsqueda y son positivas. Fuimos a un parque recreativo que está en la sierra y que dentro de las cabañas encontramos sábanas con sangre y en el lugar encontramos muchos casquillos de diversos calibres, como 9 mm, 223 y 7.62, y encontramos una osamenta”.

Anteriormente, habían realizado otras búsquedas en campo donde encontraron restos óseos de por lo menos dos personas, de los que uno era menor de edad, en los ejidos Jiménez y Huitrón, ubicados en el municipio de Tlahualilo.

Mientras que en las expediciones realizadas en el ejido Ceceda, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Tlahualilo, también encontraron restos humanos en los que incluso se contempla hacer trabajos con maquinaria pesada:

“En el ejido Ceceda también nos avisaron de una persona que en una excavación encontró algo, se habló a las autoridades donde dio positivo a restos humanos. Ahí mismo hay una parte de una noria a la que no hemos podido entrar porque tiene un diámetro aproximado de 35 centímetros, es muy pequeña para entrar y hacer trabajos. La Comisión Nacional de Búsqueda ofrece meter maquinaria especializada para hacer el trabajo en esa noria”.

Una de las dificultades que enfrentan como buscadores es que han localizado fragmentos humanos distribuidos en zonas conurbadas de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón. Esta situación complica la investigación del delito porque intervienen las autoridades de Durango y Coahuila.

“Hubo uno que advierte que está un cráneo y tenemos información anónima siempre, fuimos y estaba en el lecho del río seco de Nazas. Nos dimos a la tarea de buscar más y el resto del cuerpo estaba en el mismo lecho. el cráneo estaba del lado de Coahuila y el resto del cuerpo del lado de Durango. El joven ya fue entregado a su familia y fue identificado”.

Ante la búsqueda incesante que han realizado Silvia Ortiz, junto a otros familiares de personas desaparecidas, exigen justicia y se reconozca su derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, como lo contempla el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Por: Karla Tinoco