Por: Brenda Maurer

Desde la tribuna del Congreso del Estado, exhortó a las diferentes autoridades educativas de todos los órdenes de Gobierno a realizar un esfuerzo extraordinario en los pueblos originarios, que ya de por sí, siempre se encuentran en desventaja para que al menos en el aspecto educativo puedan contar con un piso parejo que les permita a las niñas y niños seguir desarrollando sus capacidades, expuso la diputada, Gabriela Hernández López.

La representante del distrito 15 dijo que los efectos de la severa crisis económica, las condiciones preexistentes de desigualdad y el incremento de la pobreza, provocarán que muchos jóvenes dejen de estudiar, lo que representa una tragedia adicional a las condiciones del país.

Apuntó que según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la pandemia provocaría que cerca de 1.4 millones de estudiantes en México no regresen a las aulas para el ciclo que está por comenzar. La mayoría de ellos, aproximadamente 800 mil, se encuentran en el tránsito de la secundaria a la preparatoria, el resto realiza estudios universitarios y de posgrado.

Aseveró que miles de padres de familia ya no tendrán los recursos necesarios para brindar educación a sus hijos, ante la necesidad de buscar lo indispensable para no caer en pobreza alimentaria.

“Hoy quiero poner especial énfasis en señalar la brecha de desigualdad que el nuevo modelo de enseñanza a distancia, significara para las comunidades indígenas donde no hay televisión, ni teléfono, mucho menos señal de Internet”.

Añadió que viéndolo desde un aspecto general, se debe cuestionar ¿Quién se ocupará de aquellos hogares que no tienen electricidad, televisores o Internet en las regiones de mayor marginación?

Hay que decir que cerca de 1.8 millones de personas no tienen electricidad en las zonas rurales de difícil acceso en México, de acuerdo a información recabada por el Inegi.

Más del 10 por ciento de los hogares no tienen una televisión, aproximadamente 13 millones de personas, según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El 34 por ciento de la población carece de Internet, alrededor de 40 millones de personas revela la medición oficial más reciente.

Hernández López, dijo que el acceso a la red es considerado un derecho humano de última generación, de ahí que invertir en eso para disminuir la brecha digital sería irreprochable “en vez de eso, se ha optado por la televisión con la rentabilidad política que implica, para no hacer polémica, el riesgo de aleccionamiento ideológico no lo tocaré, sin embargo existe”.

Finalmente, Hernández López resaltó que sin un esfuerzo institucional extraordinario para abatir la carencia de herramientas básicas, las desigualdades se ampliarán y dejarán en el desamparo a millones de estudiantes que no tienen lo indispensable y particularmente, como siempre, las comunidades indigenas sufrirán los efectos colaterales por las decisiones gubernamentales.