La Suprema Corte reconoció que la prohibición absoluta del aborto voluntario viola los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar; en consecuencia, pueden promover amparos para demandar a los gobernadores y congresos locales por no haber reformado sus códigos penales para garantizar el derecho a decidir.

Asimismo, con esta resolución se reconoce que las normas penales que criminalizan el aborto afectan con su sola presencia a las mujeres, por lo que no requieren estar embarazadas para presentar un amparo a favor de sus derechos sexuales y reproductivos.

En el caso de Durango y Yucatán, sostuvieron que las normas que criminalizan el aborto no afectan a quiénes no están embarazadas, por lo cual no se les permite solicitar amparos en este sentido.

La legisladora subrayó que el Congreso tiene que tomar en cuenta cada una de las resoluciones de la SCJN y cada una de las fuentes de derecho para tomar decisiones. «Creo que en el Congreso siempre hemos estado abiertos a escuchar a la población y todavía nos queda mucho por trabajar», agregó.

“Sé que los diputados estamos abiertos a retomar estos temas y volverlos a valorar para tomar la mejor decisión para la ciudadanía”.

Hernández López resaltó que en todos los temas hay recursos jurídicos que pueden ser utilizados por personas y colectivos; sin embargo, espera que no se llegue a demandar al Congreso. “Ojalá que sigamos en diálogo, trabajo y toma de decisiones para avanzar en este y otros temas pendientes”.

Finalmente, señaló que hay avances muy importantes y que se ha trabajado en estricto apego a la legalidad.

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Por: Brenda Maurer