Por: Antonio Gaytán
El caso de las niñas Peyro está en manos del juez, es un asunto que escaló del ámbito familiar al penal por la denuncia interpuesta por una de las partes, comentó el gobernador José Aispuro.
Inició en 2019 con un divorcio y la disputa por la custodia, pero pasó a un asunto grave cuando la mamá Mónica Peyro denunció violación sexual en contra de sus hijas.
Como prueba presentó el diagnóstico de una médica legista, el cual fue desechado por un juez, ya que consideró que la doctora se había equivocado.
Mónica Peyro impugnó la resolución y ha exigido justicia en redes sociales, protestas en calle, medios de comunicación y en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
La exposición pública de las niñas provocó que el papá interpusiera una denuncia en su contra por violencia familiar y dañar psicológicamente a las menores, denuncia que derivó en la detención de Mónica Peyro y su hermano también señalado.
Este caso ha dividido opiniones en la sociedad duranguense, pues hay dos versiones sobre los hechos.
Cuestionado sobre este caso, el gobernador Aispuro Torres aseguró que ha escuchado a ambas familias y ha pedido a la Fiscalía que entregue al Poder Judicial todas las carpetas de investigación: las del divorcio, la disputa de custodia, la denuncia de violación y ahora de violencia.
“Lamentamos que haya escalado a esos niveles. Seré totalmente respetuoso de la decisión del Poder Judicial, estoy en contacto con el presidente y con los jueces que están llevando los casos”, finalizó.
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