23/03/2020 - Hace 2 años
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IEPC violó Estado de Derecho aprovechando la situación del Coronavirus; denunciarán ante el Tribunal Electoral.

La representación del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo General del órgano electoral, denunció que la aprobación de dos agrupaciones políticas que aprobó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se dio de manera ilegal, lo cual violenta la legislación electoral.

El representante petista, Bertín Arias Medrano, sostiene que se pasaron por alto las disposiciones en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, por lo que anuncian que este acto será impugnado jurídicamente ante el Tribunal Electoral.

En días pasados, los consejeros electorales aprobaron el registro de las agrupaciones políticas “Reacciona” y “Ciudadanos por la democracia”, organizaciones que violentan el Estado de Derecho aprovechando la situación de la pandemia del COVID-19, mismas en las que se presume están ligadas al senador por Durango y exalcalde capitalino, José Ramón Enríquez Herrera.

El petista, señaló que uno de los requisitos que deben cumplir por Ley las solicitudes de registro es que se realicen visitas domiciliarias para entrevistar a las personas aportadas como afiliadas y así verificar si su intención de adherirse fue individual, voluntaria y libre.

“Este ordenamiento legal está dispuesto para dar certeza jurídica y descartar posibles falsificaciones de firmas como ya se han dado en otros casos de Durango y el país”, apuntó Arias Medrano, tras señalar que esta importante acción contemplada en la Ley no se realizó, no hubo jamás una verificación.

Según la justificación de los consejeros estatales, argumentales que no se realizaría el procedimiento de verificación por la situación del Coronavirus.

Al registrarse una contingencia sanitaria, expuso que los consejeros debieron acordar suspender los plazos y dichas entrevistas, en tanto se normalizara la situación en torno al Coronavirus, así como se suspendieran los plazos, actuaciones y términos judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los poderes Judiciales de la Federación y del Estado.

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