La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) cateó y clausuró este viernes la clínica estética Sbeltic, ubicada en la zona centro de la capital, como parte de una investigación iniciada tras la denuncia de una paciente que presuntamente sufrió complicaciones luego de someterse a una cirugía estética facial.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso informó que la denuncia es contra un médico que presuntamente realizaba procedimientos estéticos sin contar con la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, requisito establecido en la Ley General de Salud, su reglamento y el Código Penal del Estado. Explicó que el inmueble fue cateado para asegurar el expediente clínico y que posteriormente fue clausurado por las autoridades sanitarias al no contar con autorización para efectuar cirugías o procedimientos mayores.

La funcionaria precisó que el médico no fue detenido debido a que no existía flagrancia, por lo que la investigación continuará mediante la integración de la carpeta correspondiente.

“No está detenida la persona porque no había flagrancia. Tendremos que trabajar una carpeta de investigación. Se cateó para obtener el expediente clínico, se clausura por parte de cómplice por no tener en las facultades para hacer cirugías o procedimientos mayores”, señaló.

Añadió que, con la reforma aprobada el año pasado, la usurpación de profesión en este tipo de casos puede alcanzar penas de tres a nueve años de prisión, además de derivar en responsabilidades por lesiones, homicidio culposo o incluso la pérdida de la cédula profesional.

De acuerdo con la Fiscalía, la paciente afectada se sometió a una cirugía estética de rostro y actualmente permanece en estado grave de salud. La fiscal advirtió que cualquier persona intervenida por un profesionista sin las certificaciones legales es considerada víctima del delito de usurpación de profesión, aun cuando no presente lesiones.

Sonia de la Garza también señaló que este no es un hecho aislado, pues recordó que en años anteriores la Fiscalía investigó casos similares relacionados con personas que realizaban procedimientos estéticos sin estar facultadas para ello, algunos de los cuales concluyeron con sentencias condenatorias.

Por último, agregó que la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales, mientras autoridades sanitarias como COFEPRIS y COPRISED realizan las verificaciones administrativas correspondientes.