Por: Manuel Díaz 

Cada una de las restricciones que se llevan a cabo para limitar la movilidad de las personas por la contingencia del COVID-19, deben estar fundamentadas desde el marco jurídico, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Guereca.

La legalidad y el respeto a los derechos humanos es la base por la que se deben desarrollar cada uno de los mecanismos  que restrinjan la movilidad de las personas, por las calles de todos los municipios y poblados.

Importante que sean las autoridades facultadas y competentes para llevar a cabo las restricciones y sanciones a las personas que transiten por las calles de las ciudades y poblados, durante este periodo de contingencia sanitaria que provoca el Coronavirus.

Garantizar el derecho a la salud y garantizar el respaldo a las medidas sanitarias deben ser los únicos puntos legales, por los que se pueda llevar a cabo una restricción del desplazamiento de personas por las calles de cada uno de los municipios y de los poblados del estado de Durango.

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